Discurso pronunciado para implementar el Estado Nuevo

por Getulio Vargas

El estadista, cuando las circunstancias requieran una decisión extraordinaria, de largo alcance y efectos profundos en la vida del país, por encima de las resoluciones ordinarias de la actividad gubernamental no puede eludir la obligación de considerar, suponiendo que, ante su conciencia y la conciencia sus conciudadanos, las responsabilidades del alto cargo que le asigne la confianza Nacional.

La dotación de la suprema dirección de asuntos públicos implica no sólo la obligación de cuidar y proveer las necesidades inmediatas y comunes de la administración. Las exigencias del momento histórico y las resoluciones que el interés colectivo reclama, a veces, indispensable, la adopción de medidas que afectan a los supuestos y convenciones del sistema, sus propios marcos institucionales, los procesos y métodos de gobierno.

De hecho, esta situación muy especial se define de forma grave y decisiva en momentos de profunda crisis política, económica y social.

La contingencia a que llegamos de tal manera que, lamentablemente, como consecuencia de los sucesos conocidos, extraños a la acción gubernamental, que a los causados ni se disponía de los medios adecuados para evitarlos o eliminarlos con graves consecuencias.

Nacido de un movimiento revolucionario de alcance nacional y mantenido por el poder constituyente de la Nación, el gobierno continuó, en el plazo legal, la tarea que se inició de restauración económica y financiera y, fiel a las convenciones del régimen, buscaron crear, por la alienación a los concursos de partidos, un atmósfera de serenidad y de confianza propicia para el desarrollo de las instituciones democráticas.

Al hacerlo, el ámbito estrictamente político, perfeccionaba la labor de la justicia social que se había votado desde su llegada, poniendo en práctica un programa libre de interrupciones y capaz de satisfacer las justas exigencias de las clases trabajadoras, preferentemente sobre las garantías básicas de estabilidad y seguridad económica, sin la cual el individuo no puede llegar a ser útil a la comunidad y compartir los beneficios de la civilización.

En contraste con las directrices del Gobierno, inspirado siempre en actividades constructivas y propulsor general, los marcos de política se mantuvieron unidos al simple proceso de solicitar las elecciones.

Tanto los partidos viejos como nuevos, en que los viejos toman nuevas etiquetas, nada expresó ideológicamente y se mantuvo a la sombra de la ambición personal o predominantemente localista, al servicio de grupos comprometidos a compartir el botín y las combinaciones oportunistas en torno a objetivos similares.

La verdadera función de los partidos políticos, que es dar expresión y reducir los principios del gobierno a las aspiraciones y necesidades colectivas, orientar y disciplinar a las corrientes de opinión, que como mucho, no la ejercen nuestros grupos partidarios tradicionales. El hecho es muy sintomático si recordamos que de su actividad depende el buen funcionamiento de cualquier sistema basado en la libre competencia de opiniones e intereses.

Para demostrar la pobreza y la alienación de nuestra vida política, la manera en que se está procesando, es la cuestión de la sucesión presidencial, transformado en una competencia ridícula de grupos, obligados a operar por el soborno y por las promesas demagógicas, mediante el desinterés total y completa indiferencia de las fuerzas vivas de la Nación. Jefesde gobiernos locales, liderando el malestar y el oportunismo, se convierten, de un día para otro, en contra de la voluntad del pueblo en centro de las decisiones políticas, cada cual representando una candidatura, como si la vida del país en su sentido colectivo, fuera convencionalismo simple, para legitimar las ambiciones de caudillismo de provincia.

En períodos de crisis, como el que pasamos, la democracia de partidos, en lugar de ofrecer oportunidades seguras para el crecimiento y el progreso de las garantías fundamentales para la vida y la condición humana, destruye la jerarquía, amenaza la unidad patria y pone en peligro la existencia de la Nación, extremando competencias y enciende la antorcha de la discordia civil.

Por otra parte, señalemos también que, alarmados por la broma de agitadores profesionales y por la complejidad de la lucha política, los hombres que no viven mas que de su trabajo dejan los partidos entregados a los que viven de ellos, absteniéndose de participar en la vida pública que sólo podría beneficiarse de la participación de elementos de orden y de acción constructora.

El sufragio universal pasa, entonces, a ser un instrumento de los más audaces y máscara que apenas oculta la colusión de los apetitos personales. El resultado no es la economía nacional organizada que influye o prevalece en las decisiones gubernamentales, mas las fuerzas económicas de carácter privado, insinuadas en el poder y de que se sirven, en detrimento de los intereses legítimos de la comunidad.

Cuando los partidos tengan metas de carácter puramente político, con la ampliación de franquicias y reclamos semejantes de naturaleza constitucional, sus agitaciones aún podrían tener lugar en la superficie de la vida social, sin perturbar las actividades de trabajo y la producción. Hoy, sin embargo, cuando la influencia y el control estatal sobre la economía tienden a crecer, la competencia política tiene como objetivo el dominio de las fuerzas económicas, y la perspectiva de lucha civil, que observa, todo el tiempo, los sistemas que dependen de las fluctuaciones partidarias, y sustituido por la visión mucho más sombría de la lucha de clases.

En tales circunstancias, la resistencia del régimen desaparece y la solución pacifica de las urnas se transporta a la esfera de la turbulencia agresiva y enfrentamientos armados.
Es esta peligrosa situación que nos acercamos. La inercia de la degeneración política de los partidos tradicionales en clanes facciosos son factores que conducen necesariamente a armar el problema político, no en términos democráticos, sino en términos de violencia y conflicto social.

Los preparativos de las elecciones han sido sustituidos, en algunos Estados, por los preparativos militares, agravando el daño que ya sufría la Nación, como resultado de la incertidumbre y la inestabilidad creada por los disturbios entre facciones. El caudillismo regional, disfrazado de apariencias de organización partidaria, se armaba para imponer sus decisiones a la Nación, constituyendo así en amenaza abierta a la unidad nacional.

Por otro lado, las nuevas formaciones partidarias que han surgido en todo el mundo, por su propia naturaleza inmune a los procesos democráticos, ofrecen un peligro inmediato para las instituciones, que requieren de manera urgente y proporcional a la virulencia de los antagonismos, el fortalecimiento del poder central. Esto ya era evidente por el golpe de estado extremista en 1935, cuando la Legislatura se vio obligada a modificar la constitución y establecer un estado de guerra, que después de un año, tuvo que ser reintegrado a petición de los militares, debido a la subida del foco Comunista, favorecido por la atmósfera turbia de las manifestaciones y la caza del electorado.

La conciencia de nuestras responsabilidades señalaba imperativamente el deber de restaurar la autoridad nacional, poner fin a esta situación anómala de nuestra existencia política, lo que nos podría llevar a la desintegración, como resultado final de los choques de las tendencias irreconciliables y la preponderancia de las peculiaridades orden local.

Situado entre las amenazas caudillescas y el peligro de las formaciones partidarias sistemáticamente agresivas, la Nación, aunque tenga en sí el patriotismo de la mayoría absoluta de los brasileños y el amparo decisivo y vigilante de las fuerzas armadas, no tiene medios efectivos de defensa dentro del marco legal, encontrándose obligada a hacer uso normal, de las medidas excepcionales que caracterizan el estado de peligro inminente de la soberanía nacional y la agresión externa. Esta es la verdad que debe ser proclamada, por los temores y las evasiones.

La organización constitucional, de 1934, basada en el liberalismo clásico y el sistema representativo, llamó la atención de lamentables fallas, en este y otros aspectos. La Constitución estaba, por supuesto, con efecto retroactivo al espíritu de la época. Se trataba de una realidad que ya no existía. Conforme a principios cuya validez no ha resistido el impacto de la crisis mundial, estableciendo las instituciones creadas por ella misma al ataque de sus enemigos, con la complicación añadida de enflaquecer y debilitar al gobierno.

El gobierno establecido no se ajustaba a los requisitos de la vida nacional, sino impedía que se extienda e inhibía sus movimientos. En la distribución de competencias legales, no se coloca, como se debe, en primer término, el interés público; obviaban las responsabilidades entre los distintos poderes, de manera que el rendimiento del aparato estatal se ha reducido al mínimo y la eficiencia sufrió daños irreparables, continuamente expuestos a la influencia de lo personal y las eventuales composiciones de política.

No obstante los esfuerzos realizados para evitar los inconvenientes de las reuniones puramente políticas, el Poder Legislativo, en el régimen de la Constitución de 1934, era completamente inoperante.
Transformada la Asamblea Nacional Constituyente en la Cámara de Representantes, para preparar, de conformidad con los términos de la disposición constitucional, Las leyes complementarias que figuran en el mensaje del Jefe del Gobierno Provisional de 10 de abril 1934, no logró hasta ahora que se realizaran alguna de ellas, a pesar de la operación casi ininterrumpida de los respectivos períodos de sesiones. En las carpetas y comisiones estaban en espera de la determinación, muchas iniciativas de necesidades nacionales urgentes, tales como: el Código de Aire, Agua, el Código de Minas, el Código Penal, el Código de Procedimiento, los proyectos de Justicia de Trabajo, la creación de institutos de Mate y el trigo, etc. etc. no dejaron, sin embargo, contar con la aprobación y las medidas en curso para promover los intereses privados, algunos por supuesto, contrario a los intereses nacionales y, por tanto, recibieran el veto Ejecutivo.

Mientras tanto, el Senado estaba en la definición de sus competencias, que eran controversia y conflicto entre las dos cámaras legislativas.
La etapa parlamentaria de la labor gubernamental que pasaba antes como un obstáculo más que como una colaboración digna de ser mantenida en los términos que establece la Constitución de 1934.

La función primaria y, al mismo tiempo, fundamental, de sus presupuestos propios no finalizo en el plazo de regimiento, con el cuidado que requiere. Todos los esfuerzos realizados por el gobierno para establecer un presupuesto equilibrado fueron inútiles, ya que los representantes de la Nación agravaban el importe de los gastos, a menudo en beneficio de las iniciativas o intereses que no tenía nada que ver con el interés público.

Constituye un acto de estricta justicia señalar que en ambas cámaras de la legislatura había hombres educados, dedicados y patriotas, capaz de proporcionar aviso claro a los cargos públicos más delicados, teniendo en el ínterin, los esfuerzos invalidados por la propia estructura defectuosa en el cuerpo que no podía prestar a su altas calidades personales.

El mantenimiento de este equipo inadecuado y caro era en todo desalentador. Conservarlo sería, por supuesto, trabajo de espíritu informal y acomodaticio, más interesados por la política de los clientes que por el sentido de las responsabilidades. Otros, por supuesto, preferían transferir a los hombros de la legislativa la carga y las dificultades que el Ejecutivo tendrá que enfrentar para resolver varios problemas de gran importancia y graves consecuencias, ya que afecta a poderosos intereses organizados, interna y externamente. Se entiende desde el principio que me estoy refiriendo, entre otros, a la producción de café y la regulación de nuestra deuda externa.

El Gobierno actual heredó los errores acumulados en veinte años de artificialidad económica, que produjo el efecto catastrófico de mantener stock y valor del café, dando un resultado del aumento de la producción en otros países, a pesar de los esfuerzos realizados para el equilibrio por medio de cuotas de la producción y el consumo mundial de nuestros productos básicos. Tratando de contrarrestar la situación desastrosa en 1930, se inició una política de descongestión, salvando de destruir toda la cosecha de café y encaminando la empresa para que pudieran restituir, sin agitamiento, el mercado del café a su normalidad. Para ello, había que aliviar las mercancías de la pesada carga que la hacían más costosa, que se llevará a cabo sin pérdida de tiempo, resolviendo el problema de la competencia en el mundo y marchar decididamente hacia el libre comercio del producto.

Con respecto a la deuda externa, el servicio de amortización e intereses es una cuestión vital para nuestra economía.Si bien fue posible sacrificar la exportación de oro, a fin de cumplir las prestaciones determinadas, el Brasil no se ha negado a hacerlo. Es evidente, sin embargo, que los pagos en el exterior sólo se puede realizar con el saldo de la balanza comercial. Bajo el pretexto de dinero, que vela y oculta la naturaleza del fenómeno sobre la base de las relaciones económicas, que es, en última instancia, el intercambio de productos. La transferencia de los importes asignados a cumplir esos compromisos asume, por supuesto, un movimiento de mercancías desde el país deudor a sus clientes en el extranjero, lo suficientemente grande como para cubrir los pasivos incurridos. En las circunstancias actuales, teniendo en cuenta los factores que tienden a crear restricciones a la libre circulación de la riqueza en el mercado mundial, la aplicación de recursos capaces de compensar la diferencia entre nuestros activos y nuestras obligaciones sólo puede hacerse por la creciente deuda del país y debilitamiento de su economía interna.

Vale la pena repetir que el sistema de cuotas, asignaciones e indemnizaciones, que limita el movimiento diario y el volumen del comercio internacional, exige, incluso en países con rendimiento agrícola e industrial general, a la revisión de las obligaciones externas. La situación requiere, a la vez, la suspensión de pagos de intereses y amortizaciones hasta que sea posible reajustar los compromisos, sin agotar y empobrecer nuestro organismo económico. No podemos continuar por más tiempo para aclarar las deudas antiguas por el proceso ruinoso de contraer otras más voluminosas, que nos llevaría en poco, a la dura contingencia de adoptar una solución más radical. Para hacer frente a las obligaciones de nuestros compromisos en el extranjero, pusimos en marcha sobre la producción nacional la pesada carga que consiste en la incautación cambiaria, expresa en la recuperación de una tasa oficial de 35%, lo que en última instancia reduce al mismo porcentaje el precio de mercancías de exportación ya tan degradado. Debemos poner fin a la incautación, restableciendo del intercambio comercial a su normalidad. Nuestro dinero al extranjero, absorto en su totalidad, por el servicio a la deuda y no lo suficiente todavía a sus necesidades, dan lugar a nada más para la renovación del aparato económico, del que depende todo el progreso nacional.

Tenemos que equipar a los ferrocarriles del país a fin de prestar servicios de transporte económico de los productos de las diferentes regiones, así como construir nuevos caminos y carreteras abiertas, continuando con la aplicación de nuestro plan de comunicación, en particular con respecto a la penetración de Hinterland y la articulación de Centros para el consumo interno con los mercados de exportación.

Además, estos logros requieren la instalación de la gran siderurgia, aprovechando la abundancia minera, un vasto programa de cooperación del Gobierno con el capital extranjero que buscan un empleo remunerado, y la construcción, de forma permanente, de nuestras industrias básicas en cuya dependencia se encuentra el principal problema de la defensa nacional.

Es urgente la necesidad también de proporcionar a las fuerzas armadas de instrumentos eficientes que permitan garantizar la integridad y la independencia del país, lo que le permite cooperar con otras naciones del continente en la labor de preservar la paz.

Para restablecer el cuerpo político a las necesidades económicas del país y garantizar las medidas propuestas, no se ofrece otra alternativa que la que fue tomada, se establece un régimen de fuerza, paz, justicia y trabajo. Cuando los métodos de gobierno ya no cumplen las condiciones de la existencia de un pueblo, no hay otra solución que cambiarlas, estableciendo otras líneas de acción.

La Constitución promulgada hoy crea un nuevo marco jurídico, sin cambiar lo que se considera importante en vista de los sistemas de opinión: se mantuvo en un proceso democrático, representativo y autónomo de los estados, a lo largo de las líneas de la federación orgánica tradicional.

Circunstancias de distinta naturaleza apresuran el resultado de este movimiento, que es manifestación de la vitalidad de las energías nacionales extrapartidarias. La gente alentó y acogió con claras demostraciones de alegría e impaciente ya saturada por el movimiento entristecedor de la política profesional, el ejército y la marina de guerra se reclamaran un elemento esencial del orden y la seguridad nacional.

Justo ayer, culminando los propósitos demagógicos, uno de los candidatos presidenciales mandaba leer desde la Cámara de Diputados el documento abiertamente sediciosos y distribuido a los cuarteles de las corporaciones militares, que, en un movimiento de sana reacción a las incursiones partidistas, fueron capaces de repeler a la exploración, que discierne con admirable claridad, de que lado estaban, en el momento de las legítimas exigencias de la conciencia brasileña.

Tengo suficiente experiencia de la dureza del poder, para no dejarme seducir por su exterior y satisfacción de carácter personal. Nunca estaría de acuerdo, por lo tanto, en mantenerme al frente de la empresa pública si tuviera que ceder diariamente a las peticiones del arreglo político de poca monta, sin la certeza de ser capaz de trabajar con un beneficio real para el bien de la comunidad.

Prestigiosos de la confianza de las fuerzas armadas y respondiendo a los llamamientos generalizados de mis conciudadanos, sólo tuve acceso a sacrificar el hogar al que tenía derecho, ocupando la posición que me encuentro, con la firme intención de continuar sirviendo a la Nación.
Las decepciones del régimen derrotado en el país no se limitaran al campo moral y político.

La economía nacional, que pretenderá participar en las responsabilidades de gobierno, también fue frustrada en sus justas aspiraciones. Es la restauración, por los medios adecuados, la eficacia de su intervención y colaboración en la vida del Estado. En lugar de pertenecer a una asamblea política en la que, por supuesto, no son elementos esenciales para sus actividades, la representación profesional debe ser un órgano de cooperación en la esfera de la autoridad pública en condiciones de influir en la orientación de las fuerzas económicas y para resolver el problema del equilibrio entre capital y trabajo.

Considerando delante y por encima del formalismo jurídico de la lección de los acontecimientos, se llega a una conclusión ineludible en relación con la génesis de nuestras instituciones políticas: que no se corresponden, desde 1889, los fines para los que estaban destinados.
Un régimen que, dentro de los ciclos fijos de cuatro años, cuando se situaba el tema de la sucesión presidencial, sufría tremendas crisis, verdaderas lesiones mortales, dada la ausencia de partidos nacionales y los principios doctrinales que expresasen las aspiraciones colectivas, no valía lo que representaba y operado, mas que, en un sentido negativo.

En el ámbito privado de espíritu público, como aquel en el que vivimos, donde las instituciones se han reducido a las apariencias y las formalidades, no fue posible hacer reformas radicales sin la preparación previa de los diversos factores de la vida social.
Es imposible establecer normas serias y sistematización eficiente para la educación, la defensa y la propia empresa de orden material, si el espíritu que rige la política general no se ajusta a los principios que se adapten a las realidades nacionales.

Si queremos la reforma, debemos hacer, en primer lugar, la reforma política. Todas las demás estarán conectadas a esta, y sin ella seguiría siendo incompatibles documentos de la teoría política.

Pasando del propio Gobierno al proceso de su formación, resultó, sin embargo, que los medios no corresponden a los fines. La fase pico del proceso político siempre ha sido la elección del candidato a la presidencia. No había ningún mecanismo constitucional prescrito para este procedimiento. Cómo la función de elegir pertenecía a los partidos y cómo se sentían reducidos a una expresión puramente nominal, nos encontramos ante una solución imposible por falta de herramienta adecuada. Por lo tanto, las crisis periódicas del sistema, poniendo cada cuatro años, en peligro la seguridad de las instituciones. Era indispensable cerrar la brecha, incluida la propia Constitución del proceso de elección de candidatos para el nombramiento de Supremo Investidura, a fin de no reproducir el espectáculo de un cuerpo político desorganizado y confuso, a sabiendas, incluso, por dónde empezar el acto en virtud de que establece y mantiene el hecho mismo de su existencia.

La campaña presidencial, que había sólo un tímido ensayo no podía encontrar por lo tanto, como en efecto no encontró ningún impacto en el país. Por su silencio, su indiferencia, su desinterés, la nación dio juramento a mentir sobre los trucos y maniobras que hemos llegado a asistir regularmente, sin ningún cambio en la estructura gubernamental que siguió a las disputas electorales. Cada uno siente en lo profundo, que el problema de la organización del gobierno debería ser en un plano diferente y que su solución trasciende los cuadros pequeños, partidarios, improvisada en la víspera de las elecciones, con el único propósito de servir de bandera a los intereses agrupados temporalmente para la conquista del poder.

La gravedad de la situación que estoy escribiendo en trazos rápidos es la conciencia de todos los brasileños. Se trataba de una urgente necesidad de optar por la continuación de este estado de cosas o por la continuación de Brasil. Dentro de la existencia nacional y la situación de caos, de la irresponsabilidad y el desorden en que estábamos, no podía haber una posición intermedia o de compromiso.

Cuando la competencia política amenaza con degenerar en una guerra civil, es un signo de que el régimen constitucional ha perdido su valor práctico, y sobreviven sólo como una abstracción. A tanto había llegado al país. La máquina complicada que tuvo que gobernar no estaba funcionando. No había cuerpos adecuados mediante el cual podían expresar los pronunciamientos de su inteligencia y de los decretos de su voluntad.

Restaurar la nación en su autoridad y libertad de acción: una autoridad, dándole las herramientas del real y efectivo poder con la que reemplazar la influencia de división, internas o externas; en su libertad, la sesión plenaria de apertura del juramento nacional relativas a los medios y los fines de gobierno y dejándola construir libremente para su historia y su destino.