por Hipólito Yrigoyen
Manifiesto: La Unión Cívica Radical al Pueblo de la República
Ante la evidencia de una insólita regresión que, después de veinticinco años de transgresiones a todas las instituciones morales, políticas y administrativas, amenaza retardar indefinidamente el restablecimiento de la vida nacional; ante la ineficacia comprobada de la labor cívica electoral, porque la lucha es de la opinión contra gobiernos rebeldes alzados sobre las leyes y respetos públicos; y cuando no hay en la visión nacional ninguna esperanza de reacción espontánea, ni posibilidad de alcanzarla normalmente, es sagrado deber de patriotismo ejercitar el supremo recurso de la protesta armada a que han acudido casi todos los pueblos del mundo en el continuo batallar por la reparación de sus males y el respeto de sus derechos.
Sustanciar aquí las causas que determinan esta suprema resolución, sería suponer que la Nación no está compenetrada de ellas.
Son tan profundas que, si no han tronchado su porvenir, han malogrado al menos su vitalidad en uno de los períodos de mayor actividad y de más franca expansión.
La moral y el carácter, esos atributos con que Dios ha iluminado el universo revelando al hombre que sobre su frente lleva un rayo de divinidad, parece que no inspiran ni fortifican el espíritu de la Nación, cuando los gobernantes pueden inferirle los agravios que es penoso constatar una vez más, al reproducir el esfuerzo reivindicatorio.
Difamada la República en todos los centros del mundo, el descrédito seguirá latente y pasará a los anales de su vida, sin que sea dado precisar cuánto daño le habría ocasionado, ni cuándo retornará a la plena seguridad de su prestigio.
Agotada y perturbada durante el mejor desarrollo de sus energías, ya no recuperará la vida perdida, cualquiera que sea el acrecentamiento futuro. Desmoronado íntegramente su organismo político, será obra premiosa del concurso y de la solidaridad nacional levantarlo en todo su imperio, renovando e inculcando la enseñanza de sus principios y acentuándolo en los hechos por su recta aplicación y funcionamiento.
Es ésta una severa lección para no consentir las desviaciones de los gobiernos, dejándolas impunes, porque se hacen irreparables y asumen el carácter de responsabilidades colectivas, infiriendo a la sociedad males que no debió sufrir o privándola de beneficios que debió alcanzar.
Todo ha sido conculcado desde su cimiento hasta su más alta garantía. El sufragio, condición indispensable de la representación electiva, ha sido falseado primeramente y simulado por fin, con intermitencias de sangrientas imposiciones.
La vida comunal, la más directa demostración de las libertades públicas, la primera escuela político-social y una de las bases de nuestra organización, ha sido sucesiva e implacablemente menoscabada en su prestigio y en su eficiencia, hasta quedar suprimida, aún en esta Capital, centro de gloriosas conquistas humanas por ley fundada en la agraviante ironía de su notoria incapacidad de practicarla.
Mediante un sistema de punibles irregularidades, las provincias han sido convertidas en meras dependencias administrativas. Los gobernadores invisten y ejercen la suma de los poderes, y a su vez se posternan ante el Presidente de la República, quien por el hecho de serlo adquiere prepotencia tan absoluta que todos, hasta el Congreso y las legislaturas, se someten incondicionalmente a su voluntad para afianzarse en el cargo que detentan, retomarlo si lo han perdido o conseguirlo si lo aspiran.
Las constituciones, para cuya revisión las sociedades bien dirigidas buscan las horas tranquilas y concurrentes de la opinión, has sido rehechas y deshechas al arbitrio de los gobernantes, no para ampliar los derechos o darles más garantías, sino para restringirlos o falsearlos, arrogándose mayores poderes y extendiendo sin necesidad el enorme personal administrativo. En cambio, no se han cumplido muchos de los más fecundos preceptos que ellas consagran, como medios conducentes y eficaces para la mejor legislación y el bienestar de los pueblos.
La verdad y la eficacia de la doctrina que tiene por base el gobierno del pueblo por el pueblo reside en el grado de libertad con que la función electiva se realiza. Sin ésta no hay mandato sino usurpación audaz, y no existe vínculo leal alguno entre la autoridad y el pueblo que protesta. Las demás instituciones que se fundan en el hecho de esa representación y están destinadas a recibir su calor, quedan anuladas y mutiladas en su verdad y energía.
Desde la justicia y la instrucción, tan primordiales como fundamentales, hasta el ejército y las finanzas, todos los centros y ramas del gobierno están en el caos, acusando descenso moral, incompetencia y abandono de los más importantes intereses de la Patria. Las cátedras, las magistraturas, la dirección de los institutos científicos, la jefatura de las reparticiones y, en una palabra, todos los cargos públicos, se conceden a los cortesanos con prescindencia de integridad y de ilustración. La labor administrativa se traduce en obra inorgánica y destructora, en la contradicción permanente de las iniciativas más opuestas, mientras quedan sin solucionarse los grandes problemas del bienestar nacional.
En el derroche irresponsable y sin contralor, se ha disipado la riqueza del país con la cual estaríamos en condiciones de abordar con éxito la ejecución de las obras públicas que la civilización impone. Gravita sobre el país, comprometiendo su presente, el peso de una deuda enorme, de inversión casi desconocida, que pasará a las generaciones futuras como herencia de una época de desorden y de corrupción administrativa. El presupuesto es ley de expoliación para el contribuyente, de aniquilamiento para la industria, de traba para el comercio y de despilfarro para el gobierno. El pueblo ignora el destino real de las sumas arrancadas a su riqueza, en la forma de impuestos exorbitantes, porque el Congreso no cumple el deber de examinar las cuentas de la Administración para hacer efectivas las responsabilidades emergentes de los gastos ilegales y de la malversación de los dineros públicos.
La población permanece casi estacionaria, siendo evidente que cuando menos debiéramos constituir un Estado diez veces millonario, fuerte y laborioso, con personalidad respetada en el mundo trabajando en paz y libertad la grandeza de la Patria.
Tan absolutas son las absorciones del poder, que no existen leyes ni garantías seguras; y tan profunda es la depresión del carácter que, dentro del régimen, no hay conciencia que resista, ni deber que no se abdique ante la voluntad del presidente o del gobernador.
El predominio de esa política egoísta y utilitaria, que mantiene sistemáticamente clausurado el camino de las actuaciones dignas, ha esterilizado las mejores fuerzas del carácter y de la inteligencia argentinas. Han sucumbido, las unas en el esfuerzo de la lucha activa, en la protesta contra el régimen; se han rendido, otras, víctimas del descreimiento o falta de valor cívico, y se extinguen las más en el ostracismo de la vida pública, impedidas de prestar a la Nación el servicio de su patriotismo y de sus luces.
Hemos pasado por las más graves inquietudes internacionales, que debiendo ser un accidente, han sido una preocupación de años para concluir desprestigiándonos en Sud América, y modificando la historia y la carta geográfica argentina.
La personalidad moral de la Nación ha sido reducida. Debíamos haber asumido ya una significación doblemente importante en el escenario del mundo y estamos aún confundidos entre las Repúblicas subalternas e inorgánicas de América, expuestos a sufrir las consecuencias de las sociedades que por no desenvolverse paralelamente al deber y al progreso, se ven forzadas a buscar su regeneración en la crisis de dolorosas conmociones.
La inmoralidad trasciende del conjunto de la obra administrativa, y contadas serían las reparticiones públicas que, ante un rápido examen, no pondrían al descubierto irregularidades de las más impúdicas. ¡Qué sería si se practicara una investigación severa con ánimo de hacer justicia!
Todo esto es la obra de un régimen funesto que pesa ignominiosamente sobre el país, que domina el gobierno de las provincias y tiene a la cabeza al presidente de la República que, siendo el más alto representante de su voluntad, es también su omnipotencia salvadora. Por eso ha resistido hasta ahora los reiterados esfuerzos de la opinión.
Ante su predominio, todos los preceptos morales han sido escarnecidos, se han rendido los hombres y han claudicado los partidos. No ha quedado una frente prominente, una corporación austera, un centro altivo de enseñanza donde el espíritu público pueda acudir a recibir una sana idea o una justa inspiración.
No ha podido surgir en la República un núcleo de hombres de Estado, representativos y caracterizados, tales como los que tuvo hasta que se inició la descomposición, porque, impedido el digno ejercicio de la vida pública, se ha hecho imposible que se formen con las virtudes, la autoridad y la experiencia que deben tener para constituir una garantía y una fuerza social.
Los partidos políticos son meras agrupaciones transitorias, sin consistencia en la opinión, sin principios ni propósitos de gobierno. Desprendidos los unos del régimen que domina al país, procedentes los otros de defecciones a la causa de su reparación, el anhelo común es la posesión de los puestos públicos. El tono de su propaganda se ajusta a la posibilidad de obtenerlos, a las promesas hechas o a las esperanzas desvanecidas, incurriendo en la incongruencia de las críticas y de los aplausos en la confusión de la protesta y de la alabanza por los mismos actos, y hacia los mismos hombres en igualdad de situaciones y procedimientos. La oposición pierde así sus condiciones esenciales para el bien público, se convierte en escuela perniciosa y perturbadora y en un exponente de la depresión general.
Se han anticipado los vicios y complicaciones de las sociedades viejas; la clase obrera desatendida hasta en las más justas peticiones, forma con sus reclamos un elemento de perturbación económica y genera graves problemas, que el gobierno ha debido prever y resolver oportunamente; en el orden intelectual, se comprueba la ausencia de hombres de ciencia, jurisconsultos, oradores, y si existen, es para extinguirse en silencio, faltos de escenario y de estímulos; se han subvertido, en fin, los conceptos de honor nacional, de dignidad personal, de cuanto hay de grande y de noble en las sociedades que conservan el culto por los ideales que ensanchan los horizontes de la existencia. Es un ocaso, en el que cada día la regeneración moral retrocede y se aleja.
Tal es, en conjunto, la intensidad del desastre, sin analizar sus múltiples subversiones. Es una vorágine, que ha llevado por delante todo lo que no ha tenido energías bastante para resistirla, causando estragos tan grandes que el pensamiento no puede precisarlos y definirlos, aunque los abarque en la realidad de lo que está a su alcance.
Vivificados en todo el territorio por la fecundidad de una naturaleza exuberante en las distintas producciones del mundo, procedentes de una cuna que nos enorgullecerá siempre, emancipados al empuje de los más heroicos sacrificios, generaciones sucesivas de eminentes ciudadanos, en medio de las angustias y de los esplendores de la lucha por la independencia y la organización, establecieron para presidir la sociedad argentina los adelantos de la civilización moderna y los principios más avanzados de gobierno.
Bastará recordar esos antecedentes, fijar el pensamiento en la razón que nos señala predestinados a ser el centro de poderosos agrupaciones humanas, y acaso el punto de partida de la renovación del mundo; bastará dirigir la vista hacia esa alta cumbre del pasado glorioso, volverla hacia esa otra cima de los grandes destinos del porvenir, y luego mirarnos en el llano en diminuta proporción, habiendo perdido autoridad moral y gran parte de riqueza en el desenfreno de la orgía gubernativa; bastará eso para reconocer con amargura que en la primera centuria de vida independiente hemos fracasado ante nuestra propia conciencia, ante la historia y ante el mundo entero, defraudando el voto y las inspiraciones de los que nos dieron Patria.
Ante la magnitud de este crimen, de esta fatalidad sin reparo, consumado en la época del trabajo, de la independencia y de las múltiples conquistas del espíritu humano, cuando hombres y capitales afluían de todas partes a poblar y fecundar el país, sus causantes son más que reos de lesa patria: son todo y no son nada, porque en presencia de la enormidad del agravio, sus responsabilidades son un sarcasmo, sus protestas de regeneración una blasfemia, y el progreso de que blasonan una iniquidad.
El régimen ha subsistido, consolidándose al amparo de la política del acuerdo, que fue una defección a terminantes promesas reaccionarias y malogró la reivindicación a punto ya de conseguirse traicionando deberes patrióticos, en cambio de posiciones oficiales.
Nunca pensamiento más pernicioso penetró en causa más santa, disgregó las fuerzas de la Unión Cívica, llevó a los unos a solidarizarse y coparticipar en la obra oprobiosa del pasado, e impuso a los otros el deber de la actitud inquebrantable y digna en que hasta el presente se mantienen, defendiendo la integridad de la causa.
Esa política, al dar patente de indemnidad a los grandes culpables, ha aumentado los males y los agravios que en 1890 provocaron la protesta del país, atacado en su honor, en sus instituciones y en el libre desenvolvimiento de sus riquezas. A todos los que entonces existieron, y que subsistiendo se han hecho más intensos, deben agregarse hoy los que ella ha causado, y los procedentes de la desaparición prematura de tantos ciudadanos austeros, que sirvieron con entereza la causa de la reparación nacional, que hoy serían la mejor esperanza de la República y un baluarte contra la corrupción que avanza.
La República ha tolerado silenciosa estos excesos, en horas de incertidumbre, ante el peligro de complicaciones internacionales, llevando la abnegación hasta el sacrificio, en homenaje a su solidaridad y con la esperanza de ver cumplida la promesa tantas veces reiterada de una reacción espontánea, que eliminara la necesidad de una nueva conmoción revolucionaria. En el estado actual no es posible abrigar esa esperanza sin incurrir en un error irreflexivo. El Congreso y las instituciones provinciales son las mismas. La Presidencia no ha mejorado sus títulos por el hecho de haber asumido el mando y solidarizada, moral y materialmente, con el régimen que la ha consagrado, carece de autoridad para iniciar la reacción, y de medios para realizarla.
El carácter de funcionario público representativo no se adquiere por los programas que se formulan, sino por la legalidad integral del mandato que se inviste. Osado sería quien se presentara contrario a los anhelos, intereses y sentimientos colectivos, y total inexperiencia revelaría, si no se refiriera a ellos cuando siente llegar hasta la altura de la posición usurpada el eco de la protesta pública. En tan vanas y falaces promesas, constantemente expresadas y jamás cumplidas, sólo pueden creer los que, deliberadamente, quieran cohonestar con ellas, o los que no consideran las cosas en su realidad y esencia. De los efectos no deben esperarse sino las consecuencias de las causas de que emergen; y es funesto error anatematizar el delito en su elaboración, y luego de consumado, acordarle sanción legal y aun justificarlo, atribuyéndole virtudes y energías benéficas.
La República no podrá olvidar que los ciudadanos que hoy dirigen sus destinos son los mismos que en 1893 avasallaron las cuatro provincias que habían reasumido su autonomía, ahogaron sus libertades, próximas ya a alcanzar su dominio, encarcelaron y desterraron a los más distinguidos ciudadanos del país con lujo odioso de arbitrariedad y de vejámenes.
Connaturalizados con el teatro en que se han desenvuelto, no es posible esperar de ellos severos conceptos morales y altas inspiraciones cívicas. No se efectúan en el espíritu humano cambios tan radicales que permitan pasar del escepticismo, del descreimiento y de la corrupción política en que se ha vivido, a una acción reparadora, destinada, precisamente, a destruir el sistema del que se ha sido instrumento o servidor. La hipótesis que pueda hacerse en esa forma y por esos medios, supondría la relajación y la rendición de las fuerzas morales de la República. Pregonarlo, no es sino estimular una lucha de veleidades y de tendencias personales, encaminada a dar preponderancia, dentro del régimen, a los que suben sobre los que bajan. Esta lucha de predominios es el drama eterno de la vida de las sociedades, pero, arriba de ella, están los intereses de la República que debe hacer efectivas las responsabilidades con una concepción absoluta de justicia.
Entre el último día del oprobio y el primero del digno despertar, debe de haber una solución de continuidad, una claridad radiante, que lo anuncie al mundo y lo fije eternamente en la historia. Esperar la regeneración del país de los mismos que lo han corrompido, pensar que tan magna tarea pueda ser la obra de los gobiernos actuales de la República y de la Presidencia surgida de su seno, sería sellar ante la historia y sancionar ante el mundo veinticinco años de vergüenza con una infamación, haciendo del delito un factor reparador, el medio único de redimir el presente y salvar el futuro de la Nación.
Esta tarea requiere escenario y factores nuevos, porque las acciones humanas realizadas en un medio extraño a sus móviles, resultan inocuas o contraproducentes; exige una gran cohesión moral, un sólido vínculo de civismo, el concurso de la voluntad nacional, y reclama un ambiente de justicia y de independencia de espíritu en el cual puedan desenvolverse ampliamente todas las capacidades, y bajo cuya influencia, hasta que sean posibles las reacciones de los hombres, por la modificación de las ideas y de los procedimientos.
Los primeros actos del nuevo gobierno evidencian la exactitud de estos juicios: el Congreso se ha clausurado, sumisamente, con injuria a las instituciones y grave daño para importantes intereses, sancionando sin estudio un presupuesto enorme, porque así lo impuso la política presidencial, realizando un acto sin precedentes que habría sido bastante en una situación regular para causar la crisis del Ejecutivo. Los gastos fuera de ley forman como antes un presupuesto extraordinario que nadie vota ni controla; los cargos públicos se adjudican en premio de servicios electorales, sin espíritu de justicia; y las concesiones y dádivas continúan incorporadas a las prácticas administrativas. En el orden político se asiste exactamente a la reproducción de los procederes del pasado, y como obra de gobierno a la onerosa destrucción de lo existente, sin beneficio alguno.
La Unión Cívica Radical, que es fuerza representativa de ideales y de aspiraciones colectivas, que combate un régimen y no hombres, no puede, pues, declinar de su propósito ni arriar su bandera. Cumple las decisiones de sus autoridades directivas y responde a las exhortaciones de todos sus centros de opinión. Va a la protesta armada venciendo las naturales vacilaciones que han trabajado el espíritu de sus miembros, porque contrasta e indigna, sin duda, el hecho de que un pueblo, vejado en sus más caros atributos e intensamente lesionado en su vitalidad, tenga aún que derramar su sangre para conseguir su justa y legítima reparación. Pero el sacrificio ha sido prometido a la Nación: lo reclaman su honor y su grandeza, y lo obligan la temeraria persistencia del régimen y la amenaza de su agravación. Se efectúa sin prevenciones personales, inconcebibles dentro del carácter del movimiento, y extraños a la índole moral de los que lo dirigen, con derecho a sustraerse a estas agitaciones, escudados en el antecedente de una larga y fatigosa labor cívica.
La revolución la realiza únicamente la Unión Cívica Radical, porque así lo marca su integridad y lo exige la homogeneidad de la acción; pero es por la Patria y para la Patria. Ese es el sentimiento que la inspira y ésa es la consigna que lleva cada uno de sus soldados. En ese concepto, solicita el concurso de cuantos quieran contribuir con su esfuerzo a la obra de la reparación. Los principios y la bandera del movimiento son los del Parque, mantenidos inmaculados por la Unión Cívica Radical, la que bajo sus auspicios promete a la República su rápida reorganización, en libre contienda de opinión ampliamente garantizada, a fin de que sean investidos con los cargos públicos los ciudadanos que la soberanía nacional designe, sean quienes fueren. Los únicos que no podrán serlo, en ningún caso, son los directores del movimiento, porque así lo imponen la rectitud de sus propósitos y la austeridad de su enseñanza.
La importancia de los elementos acumulados permite abrigar la esperanza de que la prueba será lo menos sensible. La Unión Cívica Radical rechaza, en absoluto, todo daño anterior y posterior, no aceptando sino el indispensable en el momento de la acción, y eso, como deber imperioso y como el sacrificio más grande que pueda hacerse por la tierra en que se ha nacido. Lo afrontamos, íntimamente poseídos de que asistimos a la fecunda obra de reparación de la República, en toda su plenitud, para encaminarse por los senderos permanentes de su grandioso destino.
Entradas
