DECRETO SOBRE LOS BIENES NACIONALIZADOS

El C. General Emiliano Zapata, Jefe supremo de la revolución, a los habitantes de la República hago saber:

Considerando. Que los bienes pertenecientes a los enemigos de la causa que se defiende, o sean los bienes conocidos con el nombre de nacionalizados, son de la propiedad de la nación, y el gobierno es el único a quien corresponde su administración y conservación.
Considerando. Que dichos bienes han sido destinados para el fomento de la agricultura de la República, por medio de la ayuda pecuniaria prestada a los pequeños agricultores y para pago de pensiones a viudas y huérfanos de los que sucumban o hayan sucumbido en la presente lucha.
Considerando. Que ha sido mal comprendido el objeto a que se destinan los bienes nacionalizados, pues individuos del orden militar o civil se posesionaron de casas, para habitarlas, o de molinos o fábricas para explotarlas, con lo cual se produjo el desorden consiguiente, al grado de que algunos revolucionarios, con detrimento de los buenos principios, se consideran dueños de los bienes de los enemigos de la causa, a tItulo de botín o de conquista.
Considerando. Que los bienes nacionalizados deben producir rentas al erario nacional, y, por lo mismo, los revolucionarios o particulares tienen la obligación de pagar el precio del arrendamiento por las casas o bienes de la nación que ocupan.
Considerando. Que el Ejército libertador carece por el momento de fondos para el pago de haberes, y con el objeto de que disminuyan los gastos que los pueblos hacen para sostener las fuerzas, en lo sucesivo la Caja Rural de Préstamos proporcionará en calidad de empréstito, mientras dure este estado de cosas, las cantidades necesarias para atender a las tropas.
Considerando. Que conviene a todo trance asegurar la administración, conservación y explotación de los bienes dichos, por la autoridad competente, he tenido a bien decretar lo siguiente:
1° Se prohibe a los revolucionarios o pacificos que se posesionen de bienes nacionalizados o nacionales, sin solicitarlo antes de la Caja Rural de Préstamos y obtener el permiso de la misma.
2° Los que pretendan habitar casas o explotar bienes pertenecientes a la nación, deberán hacer sus contratos en las oficinas de la Caja Rural de Préstamos, para que ésta les fije las rentas mensuales que deben pagar.
3° Los jefes con mando de tropa, que tengan que permanecer en las poblaciones por orden superior, solicitarán de la autoridad civil de la localidad, lugares para acuartelarse.
4° Las autoridades civiles proporcionarán cuarteles (si los hay del gobierno) o casas nacionalizadas que se adapten para cuartel, dando aviso a las oficinas de la Caja Rural de Préstamos, para que ésta acuerde las rentas que deba pagar el gobierno por los locales que se dediquen a cuarteles.
5° No podrán considerarse como cuarteles las casas nacionalizadas que alojen solamente a un jefe o jefes, a sus familias o a unos cuantos soldados, pues solamente se consideran como cuarteles los edificios que alojen cuando menos a diez hombres en las poblaciones de dos mil habitantes, a veinte en las poblaciones de menos de cinco mil habitantes, a cincuenta hombres en las de menos de diez mil almas y a cien hombres en las poblaciones de diez mil hombres o más.
6° Los individuos que, en contravención a los anteriores preceptos y sin cumplir los requisitos que en ellos se marcan, se apoderen de alguna finca o propiedad nacional o nacionalizada, serán castigados con cualquiera de las siguientes penas a juicio del Cuartel General o del tribunal que deba juzgarlos: amonestación pública o privada, destitución, multa de cien a mil pesos o arresto de uno a once meses, según la mayor o menor gravedad del caso.
7° Los jefes militares harán conocer el presente decreto a los oficiales y tropa que de ellos dependan.
8° La Caja Rural de Préstamos dedicará los productos de los bienes nacionalizados al pago de las pensiones de las viudas y huérfanos de las víctimas de la revolución, de toda preferencia, y el sobrante será destinado al fomento de la agricultura de la República, conforme a las bases de la misma Caja Rural.
9° El presente decreto surtirá sus efectos desde luego.

ARTÍCULO TRANSITORIO

Mientras tanto el gobierno está en condiciones de proporcionar los dineros necesarios para atender a los gastos de la guerra, la Caja Rural de Préstamos, podrá hacer empréstitos al Cuartel General de la revolución en las cantidades que ésta necesite para hacer frente a las atenciones de la campaña.
Por tanto mando se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Reforma, Libertad, Justicia y Ley.
Cuartel General en Tlaltizapán, Morelos.
30 de enero de 1917.
El General en Jefe,
Emiliano Zapata

A los revolucionarios de la República

Tiempo es ya de percibir la verdad y aceptarla honradamente.

El maquiavelismo de Carranza y de algunos de sus conocidos consejeros, ha logrado mantener dividos a los revolucionarios y empujar a los unos contra los otros.

Con bien premeditada insidia, Carranza trató de hacer creer a una buena parte del pueblo mexicano, que eran y son reaccionarios y por lo mismo partidarios del retroceso, los campesinos que piden tierras, los indígenas que claman por la redención de su raza, los hombres del campo que valerosamente pugnan por sacudir el yugo secular del cacique y del hacendado; en una palabra, los luchadores todos que irguiendo como bandera el Plan de Ayala, se esfuerzan por destruir, aunque sea a costa de sus vidas, la más ominosa de las tiranías que la humanidad ha conocido: la tiranía del señor feudal sobre los siervos de la gleba.

Parapetado en esta criminal mentira y ayudado por esa pérfida propaganda, logró Carranza hasta hace poco tener extraviada a la opinión y producir un cisma en el campo revolucionario.

Hombres que en el fondo abrigaban los mismos ideales, se vieron divididos y formando parte de bandos opuestos. Sobrevino la pugna, y los revolucionarios de las ciudades, cegados muchos de ellos por el funesto error, se lanzaron coléricos sobre los revolucionarios de los campos. Los que pedían reformas obreras, legislación progresista, libertad de sufragio, supresión de monopolios, revisión de concesiones gubernativas, iban en contra de los que por su parte pugnaban por la destrucción del peor de todos los monopolios, el de la tierra, y por la abolición de la más monstruosa de las concesiones, la de explotar indefinidamente y por los siglos de los siglos, a un rebaño de hombres uncidos al yugo de la hacienda, y cuya esclavitud pasaba y pasa de padres a hijos, a manera de abominable herencia que es oprobio y mengua para nuestra civilización.

Tres años de lucha, tres años de sangrientos conflictos, en medio de los cuales han estado a punto de perecer los principios revolucionarios, son por sí solos demasiado elocuentes, constituyen ya una experiencia bastante dolorosa, para que sea permitido perseverar en el error.

Con Carranza va la revolución al abismo. Sin Carranza, que es el estorbo, se obtendrá la unificación revolucionaria, y con ella el triunfo definitivo, la anhelada victoria del ideal reformista.

Carranza ha exhibido con demasiada claridad su traición a los principios proclamados, para que sea posible que cualquier hombre honrado vacile.

Ha devuelto los bienes confiscados, ha reconstruido el latifundismo, ha conculcado el sufragio, ha impuesto gobernadores, ha inaugurado una era de escandaloso nepotismo y lo que es peor, por medio de la falsificación de las elecciones municipales y de su absoluto dominio sobre los gobernadores, prepara la formación de cámaras legislativas que ciegamente obedezcan su voluntad y acaten sin vacilar sus consignas.

Cada día que pasa, hace el nuevo dictador un nuevo progreso en la vía del despotismo y del gobierno absoluto. Por eso los que hasta aquí le han sostenido han acabado por ver claro en sus manejos, han descubiero el fondo de sus intenciones y no pueden ya honradamente hacerse cómplices, por su inacción o por su indiferencia, del inevitable advenimiento de un régimen dictatorial, tan oprobioso o más que el antiguo, cuya creación elabora Carranza, sin disimular poco o mucho sus procedimientos.

Por esta razón, los hombres que no ha mucho se mostraban como los más adictos de Carranza y los mejor dispuestos a sostenerlo, reparan hoy su falta y abandonan al traidor. Así lo han hecho los Generales Francisco Coss, Luis Gutiérrez, Lucio Blanco, Dávila Sánchez y varios otros, como es bien sabido por toda la República.

El varonil ejemplo de esos jefes plantea ante la conciencia de sus compañeros de armas, este ineludible dilema: o con Carranza, para acompañarlo hasta la ignominia, haciéndose solidario de su traición; o contra Carranza, para salvar los principios, y con ellos a la República, que se debate y se desangra en una lucha inacabable y estéril.

La unificación revolucionaria se impone, y para lograr ese propósito, para conseguir el acercamiento de las facciones hoy en pugna, hace falta tan solo que los revolucionarios de los diversos bandos, cumplan con el deber que la situación imperiosamente marca: eliminar la personalidad de Carranza, que ha traicionado a la revolución y que ha provocado la justa rebeldía de muchos millares de revolucionarios que jamás transigirán con él ni aceptarán su despotismo.

Las bases de esa unificación son perfectamente claras: además de la imprescindible aceptación de las reformas agrarias exigidas por el pueblo campesino y consignadas en el Plan de Ayala, que es su bandera, los jefes revolucionarios de todo el país señalarán de común acuerdo las reformas políticas o sociales que son necesarias en materia de administración de justicia, en la cuestión obrera, en el sistema electoral y en la parte necesaria para la adopción del sistema del parlamentarismo, no menos que en las concernientes a la libertad municipal, al régimen hacendario, a la revisión de concesiones, a la responsabilidad oficial y a otros muchos importantísimos asuntos.

En cuanto al nombramiento de presidente provisional de la República, será hecho a mayoría de votos, por los jefes revolucionarios del país, en junta que se celebrará al efecto.

Sobre la base del común acuerdo y llevando por norma la sinceridad y la honradez, la revolución agraria invita a todos los verdaderos revolucionarios de la República, cualquiera que sea su actual filiación política a consumar la magna obra de la unificación revolucionaria, cuya trascendencia y necesidad todos sentimos.

Al obrar así el sur no hace más que ser consecuente consigo mismo y con su anterior conducta, pues hace ya tres años, en los momentos en que la contienda era más encarnizada, propuso también a los bandos combatientes el término de la lucha, y señaló desde entonces, como único obstáculo para la concordia, la permanencia de Carranza en el poder.

Sin variar, pues, de conducta, y sí afirmándola una vez más, los revolucionarios del sur reiteran su cordial invitación a todos los que sientan como ellos el ideal revolucionario, y haciendo formal apelación a su honor y a su patriotismo, exhortan a todos aquellos que hasta aquí han sido engañados por Carranza a volver a las filas de la verdadera revolución, de la auténtica, de la que sigue sosteniendo las reivindicaciones de 1910, de 1911 y de 1913, a efecto de que unidos todos por la fraternidad y por el esfuerzo, realicemos la labor que nos hemos impuesto, de cumplir al pueblo lo que tenemos ofrecido y que los tiranos una y otra vez nos han impedido otorgarle: tierra, justicia y libertad, paz, prosperidad y trabajo.

Reforma, Libertad, Justicia y Ley

Cuartel General

Tlaltizapán, Morelos, 27 de diciembre de 1917

El General en Jefe del Ejército Libertador, Emiliano Zapata

LEY ORGÁNICA DEL CUARTEL GENERAL

Emiliano Zapata, Jefe supremo de la revolución, en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido a bien expedir la siguiente

Ley orgánica del Cuartel General de la revolución.

Articulo primero. Para la buena marcha y eficaz despacho de todos los asuntos que hayan de ventilarse en el Cuartel General, quedan establecidos seis Departamentos que se denominarán: Departamento de guerra, Departamento de gobernación, Departamento de agricultura, colonización y fomento, Departamento de hacienda y relaciones exteriores, Departamento de justicia e instrucción pública y Departamento de comunicaciones.

Artículo segundo. Corresponde conocer, estudiar y resolver a cada Departamento, los asuntos que le corresponden por su denominación.

Artículo tercero. Los seis Departamentos establecidos trabajarán en los asuntos de su resorte, bajo la inmediata dependencia del Jefe supremo de la revolución.

Artículo cuarto. Cada Departamento estará a cargo de un jefe, nombrado por el Jefe supremo de la revolución.

Los jefes de Departamento, bajo su más estricta responsabilidad, acordarán y despacharán con su firma los asuntos de poco interés; despachando aquellos que sean de importancia y de interés general para la revolución, de acuerdo con el mismo Jefe supremo, quien si lo estima conveniente convocará a junta a todos los jefes de Departamento para que en ella se resuelva el asunto de que se trate, el que será despachado con la firma del propio Jefe supremo.

Articulo quinto. A juicio del Jefe supremo de la revolución y designado por él, habrá en cada Departamento uno o más individuos que con el carácter de comisionados, ayudarán en sus labores a los jefes de Departamento, estando subalternados a éstos. Dichos comisionados suplirán a los jefes de Departamento en sus ausencias o faltas originadas por enfermedad, y reservarán para la resolución de éstos los asuntos que por su dificultad, no se consideren capacitados para resolver por sí mismos y permitan espera. Cuando algún jefe de Departamento falte temporalmente a sus labores, por enfermedad o por estar desempeñando alguna comisión, el Jefe supremo designará al sustituto, y en ausencia de él lo hará el Centro Consultivo de Propaganda y Unificación Revolucionaria. Este procedimiento se seguirá cuando el Departamento acéfalo tenga dos o más comisionados o carezca de ellos.

Artículo sexto. Habrá un oficial de partes.

Este cargo, por ahora, lo desempeñará el jefe del Departamento de guerra, quien recibirá y distribuirá, bajo conocimiento, la documentación a los Departamentos respectivos.

Artículo séptimo. Habrá juntas de jefes de Departamento por acuerdo del Jefe supremo de la revolución o a moción de alguno de los propios jefes, para tratar asuntos de difícil y urgente resolución. Estas juntas serán presididas por el mencionado Jefe supremo, quien designará su secretario. Caso de no asistir el Jefe supremo de la revolución, la junta de jefes designará su presidente y secretario.

Artículo octavo. Ningún jefe de Departamento podrá intervenir en los asuntos que se ventilen en los otros Departamentos diversos al suyo, salvo que el Jefe supremo así lo disponga.

La infracción de lo prevenido en este artículo, puesto que constituye un delito, se hará del conocimiento del Jefe supremo de la revolución y del Centro Consultivo de Propaganda y Unificación Revolucionaria, para que se resuelva lo que sea procedente.

Artículo noveno. Los jefes de Departamento sólo podrán separarse del Cuartel General, cuando se trate del desempeño de comisiones que les confieran éste o el Centro Consultivo de Propaganda y Unificación Revolucionaria; pero tendrán obligación de estar presentes en las sesiones que dicho Centro celebra el día primero de cada mes, y de permanecer en el Cuartel el tiempo necesario para despachar los asuntos que los comisionados que los substituyen en los Departamentos respectivos, hayan reservado para su estudio.

Artículo décimo. Desde el momento en que el Centro Consultivo de Propaganda y Unificación Revolucionaria, nombre una comisión para laborar en determinada zona, los asuntos relacionados con esa comisión quedarán sometidos al control de ella y del Centro Consultivo, y el Cuartel General se abstendrá de intervenir en ellos, hasta que dicho Centro en vista del informe de la comisión, presente el dictamen respectivo. Se excepcíón naturalmente, los casos de urgencia en los cuales el Cuartel General resolverá desde luego lo procedente.

Articulo undécimo. La falta de cumplimiento de las obligaciones de cada jefe de Departamento, dará lugar a que se le aplique al infractor la corrección disciplinaria que en junta se determine, oyendo previamente al responsable.

TRANSITORIOS

1°. El Cuartel General de la revolución tendrá su asiento en el lugar que designe el Jefe supremo, y los jefes de los Departamentos, salvo el caso del artículo noveno, deberán concurrir diariamente a sus labores a la oficina correspondiente, exceptuados los domingos y días feriados. El Departamento de guerra radicará en el lugar que designe el Jefe supremo de la revolución.

2° Esta ley comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su publicación.

Por tanto, mando, se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Reforma, Libertad, Justicia y Ley.

Dada en el Cuartel General, en el Estado de Morelos el 5 de enero de 1917.

Manifiesto al pueblo

El pueblo mexicano ha sido constantemente engañado por sus gobernantes, y lo que es peor, por hombres que llamándose sus caudillos, han sido los primeros en traicionarlo, una vez conseguida la victoria. Unos y otros le han impuesto enormes sacrificios y han tenido que contraer onerosos e indignos compromisos con los potentados de la República o del extranjero, para hacer frente a la necesidad de adquirir cantidades fabulosas de dinero, armas y toda clase de elementos de guerra, con ayuda de los cuales han pretendido contener, aunque en vano, el empuje arrollador de las multitudes, ansiosas de tierra, de libertad y de justicia.

La revolución del sur, siempre pura y altiva, jamás ha ido a humillarse ante un gobierno extranjero, para solicitar como un mendigo, armamento, parque o recursos pecuniarios, y sin embargo, teniendo que luchar con un enemigo dotado de poderosos elementos, debido al favor de los extraños, ha conseguido arrebatarle palmo a palmo, y en lucha desigual, una vasta zona del territorio de la República.

Nuestras tropas dominan hoy, merced al heroico e incontenible esfuerzo de los hijos del pueblo, en los Estados de Morelos, Guerrero, Puebla, Veracruz, México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán, en todos los cuales el enemigo sólo es dueño, en posesión precaria, de las capitales y de las vías férreas; excepción hecha de los Estados de Morelos y Guerrero, de donde el enemigo ha sido desalojado totalmente.

Las derrotas y los reveses se suceden contra el carrancismo uno y otro día, en el norte, tanto como en el centro y en el sur; las defecciones de los suyos son cada vez más numerosas y más significativas; la desbandada ha empezado y adquiere a cada momento mayores proporciones, grandes partidas y cuerpos enteros desertan o se rinden a nuestras fuerzas, o pasan a incorporarse en las filas de nuestros hermanos, los bravos luchadores del norte.

Sumando todos estos síntomas al absoluto desprestigio de la odiada facción, indican que el organismo carrancista ha entrado en plena descomposición y que su agonía se acerca a toda prisa.

Es por lo mismo, un deber para el Ejército Libertador, formular ante el país, franca y solemnemente, el programa de acción que se propone desarrollar una vez obtenido el triunfo.

Afortunadamente, los errores y los fracasos del carrancismo, bien visibles por cierto, nos marcan con toda precisión el camino, y ahorrarán a la nación el espectáculo de nuevos y formidables desaciertos.

Fresco todavía en nuestra memoria, el recuerdo de cómo se inició la catástrofe financiera del carrancismo, nosotros no incurriremos por ningún motivo en la infamia de explotar miserablemente a ricos y pobres, declarando de circulación forzosa determinado papel moneda, para en seguida desconocerlo sin el menor respeto para la palabra empeñada y los compromisos contraídos.

La cuestión del papel moneda es problema resuelto ya por la experiencia de los siglos. Su emisión produjo en época pasada una tremenda bancarrota en Inglaterra, la provocó aún mayor en la República francesa, durante la Gran Revolución, e idéntico desastre originó no hace muchos años, cuando los Estados Unidos y la Argentina intentaron la misma aventura, para hacer frente a dificultades económicas análogas a las nuestras.

Sabemos también que mientras persista la actual organización económica social del mundo, es un absurdo atentar contra la libertad del comercio, como lo ha hecho en forma brutal el carrancismo, reduciendo a prisión y sacando a la vergüenza pública a pacíficos comerciantes que se defendían contra las medidas gubernativas. No hemos de ser nosotros, ciertamente, los que cometamos la torpeza de agravar con esos procedimientos, la carestía de todos los artículos y la miseria para las clases populares, siempre más castigadas que la gente pudiente, en las épocas de las grandes crisis.

El carrancismo ha implantado el terror como régimen de gobierno, y desplegado a los cuatro vientos, el odioso estandarte de la intransigencia contra todos y para todo. Nuestra conducta será muy distinta: comprendemos que el pueblo está ya cansado de horripilantes escenas de odio y de venganza, no quiere ya sangre inútilmente derramada, ni sacrificios exigidos a los pueblos por el sólo deseo de dañar, o simplemente para satisfacer insaciables apetitos de rapiña.

La nación exige un gobierno reposado y sereno, que dé garantías a todos y no excluya a ningún elemento sano, capaz de prestar servicios a la revolución y a la sociedad. Por lo tanto, en nuestras filas daremos cabida a todos los que de buena fe pretendan laborar con nosotros, y a este fin, el Cuartel General a mi cargo, ha expedido ya una amplia Ley de Amnistía, para que a ella se acojan los engañados por las patrañas del Primer Jefe, y en general los hombres que por inconsciencia o por error hayan prestado su concurso para sostener la presente disctadura, que a todos ha mentido y no ha logrado satisfacer las aspiraciones de nadie. Díganlo, si no, la renuncia de Cándido Aguilar y la separación o el alejamiento de tantos otros jefes que sucesivamente han ido abandonando el carrancismo, para dedicarse a la vida privada o lanzarse a la revolución.

Nuestra obra será, pues, ante todo, una labor de unificación y de concordia. Seremos intransigentes y radicales, solamente en lo que atañe a la cuestión de principios; pero fuera de allí, nuestro espíritu estará abierto a todas las simpatías, y nuestra voluntad pronta a aceptar todas las colaboraciones, si son honradas y se muestran sinceras.

Unir a los mexicanos por medio de una política generosa y amplia, que de garantías al campesino y al obrero, lo mismo que al comerciante, al industrial y al hombre de negocios; otorgar facilidades a todos los que quieran mejorar su porvenir y abrir horizontes más vastos a su inteligencia y a sus actividades; proporcionar trabajo a los que hoy carecen de él; fomentar el establecimiento de industrias nuevas, de grandes centros de producción, de poderosas manufacturas que emancipen al país de la dominación económica del extranjero; llamar a todos a la libre explotación de la tierra y de nuestras riquezas naturales; alejar la miseria de los hogares y procurar el mejoramiento intelectual de los trabajadores creándoles más altas aspiraciones, tales son los propósitos que nos animan en esta nueva etapa que ha de conducirnos, seguramente, a la realización de nobles ideales, sostenidos sin desmayar durante seis años, a costa de los mayores sacrificios.

La nación lo sabe perfectamente. Nuestra lucha es únicamente contra los latifundistas, esos despiadados explotadores del trabajo humano, que han impedido a la raza indígena salir de su letargo, y han provocado sistemáticamente la carestía de las cosechas, la miseria periódica y el hambre endémica en nuestro país, cuyo suelo debiera alimentar pródigamente a sus hijos y que hasta aquí sólo ha podido sostener a una endeble nación de famélicos.

Cumplir el Plan de Ayala es nuestro único y gran compromiso, allí radicará toda nuestra intransigencia. En todo lo demás nuestra política será de tolerancia y atracción, de concordia y de respeto para todas las libertades.

Como tantas veces lo hemos dicho y no cesaremos de repetirlo, la revolución la ha hecho el pueblo, no para ayudar a los ambiciosos ni para satisfacer determinados intereses políticos, sino por estar ya cansado de una situación sostenida por todos los gobiernos durante siglos, y en la que se le negaba hasta el derecho de vivir, hasta el derecho de poseer el más mínimo pedazo de tierra que pudiera proporcionarle el sustento, con lo que se le condenaba, de hecho, a ser un esclavo en su propia patria, o un miserable pordiosero en la misma sociedad que lo viera nacer.

Por esta necesidad de vivir como hombre libre, por ese imperioso derecho de poseer una tierra que sea suya, ha luchado y luchará hasta el fin el pueblo mexicano.

Los que hasta aquí han estorbado su triunfo han sido y son los caudillos ambiciosos que, diciéndose directores de la revolución, la han hecho fracasar momentáneamente y han provocado la prolongación de la lucha, al negarse a dar al pueblo lo que pide y lo que tendrá, a pesar de todas las intrigas y de todas las miserias de la política.

Firmes, pues, en nuestro propósito de hacer triunfar la causa de la justicia y deseosos de que todos vean la honradez y la seriedad con que la revolución procede, cuidemos en esta vez, con mayor empeño que las anteriores, de otorgar amplias y cumplidas garantías a la población pacífica, cuyos intereses, personas y familias serán escrupulosamente respetados. Nuestro mayor orgullo consistirá en aventajar a nuestros enemigos en cultura, en dar ejemplo a todas las facciones y en ser los primeros en inaugurar una era de completo orden, de positiva libertad y de amplia y verdadera justicia.

Reforma, Libertad, Justicia y Ley

Cuartel General de la Revolución

Tlaltizapán, Morelos, 20 de abril de 1917

El General en Jefe, Emiliano Zapata

DECRETO DE NACIONALlZACIÓN DE BIENES DE LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCIÓN

El C. General Emiliano Zapata, Jefe supremo de la revolución de la República, a sus habitantes hace saber:

En atención a que los malos mexicanos que apoyaron y sostuvieron a los gobiernos pasados siguen en su labor obstruccionista, oponiéndose, por cuantos medios encuentran a su alcance, a la realización de los principios proclamados por la revolución y contenidos en el Plan de Ayala, retardando el triunfo completo de las reformas agrarias, y de conformidad con las facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente:

ArtIculo I. Se nacionalizan los bienes de los enemigos de la revolución que defiende al Plan de Ayala y que directa o indirectamente se hayan opuesto o sigan oponiéndose a la acción de sus principios, de conformidad con el artículo VIII de dicho Plan y VI del decreto del 5 de abril de 1914.

Articulo II. Los Generales y Coroneles del Ejército libertador, de acuerdo con el Cuartel General de la revolución, fijarán las cédulas de nacionalización, tanto a las fincas rústicas como a las urbanas.

Articulo III. Las autoridades municipales tomarán nota de los bienes nacionalizados, y después de hacer la declaración pública del acta de nacionalización darán cuenta detallada al Cuartel General de la revolución de la clase y condiciones de las propiedades que sean, así como de los nombres de sus antiguos dueños o poseedores.

Articulo IV. Las propiedades rústicas nacionalizadas pasarán a poder de los pueblos que no tengan tierras que cultivar y carezcan de otros elementos de labranza, o se destinarán a la protección de huérfanos y viudas de aquellos que han sucumbido en la lucha que se sostiene por el triunfo de los ideales invocados en el Plan de Ayala.

Artículo V. Las propiedades urbanas y demás intereses de esta especie nacionalizados a los enemigos de la revolución agraria se destinarán a la formación de instituciones bancarias dedicadas al fomento de la agricultura, con el fin de evitar que los pequeños agricultores sean sacrificados por los usureros y conseguir por este medio que a toda costa prosperen, así como para pagar pensiones a las viudas y huérfanos de quienes han muerto en la lucha que se sostiene.

Articulo VI. Los terrenos, montes y aguas nacionalizados a los enemigos de la causa que se defiende serán distribuidos en comunidad para los pueblos que lo pretendan y en fraccionamiento para los que así lo deseen.

Artículo VII. Los terrenos y montes que se repartan no podrán ser vendidos ni enajenados en ninguna forma, siendo nulos todos los contratos o transacciones que tiendan a enajenar tales bienes.

Articulo VIII. Los bienes rústicos que se repartan por el sistema de fraccionamiento sólo podrán cambiar de poseedores por transmisión legítima de padres a hijos, quedando sujetos, en cualquier otro caso, a los efectos del articulo anterior.

Artículo IX. El presente decreto surtirá sus efectos desde luego.

Reforma, Libertad, Justicia y Ley.
Dado en el Cuartel General en Cuernavaca,

a los ocho días de septiembre de 1914.
El General en Jefe del ejército libertador,
Emiliano Zapata.

Al pueblo mexicano

El movimiento revolucionario ha llegado a su periodo culminante y, por lo mismo, es ya hora de que el país sepa la verdad, toda la verdad.

La actual revolución no se ha hecho para satisfacer los intereses de una personalidad, de un grupo o de un partido. La actual revolución reconoce orígenes más hondos y va en pos de fines más altos.

El campesino tenía hambre, padecía miseria, sufría explotación, y si se levantó en armas fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba; para adueñarse de la tierra que el hacendado, egoísticamente guardaba para sí; para reivindicar su dignidad, que el negrero atropellaba inícuamente todos los días. Se lanzó a la revuelta no para conquistar ilusorios derechos políticos que no dan de comer, sino para procurar el pedazo de tierra que ha de proporcionarle alimento y libertad, un hogar dichoso y un porvenir de independencia y engrandecimiento.

Se equivocan lastimosamente los que creen que el establecimiento de un gobierno militar, es decir despótico, será lo que asegure la pacificación del país. Esta sólo podrá obtenerse si se realiza la doble operación de reducir a la impotencia a los elementos del antiguo régimen y de crear intereses nuevos, vinculados estrechamente con la revolución, que le sean solidarios, que peligren si ella peligra y prosperen si aquella se establece y consolida.

La primera labor, la de poner al grupo reaccionario en la imposibilidad de seguir siendo un peligro, se consigue por dos medios diversos: por el castigo ejemplar de los cabecillas, de los directores intelectuales y de los elementos activos de la facción conservadora, y por el ataque dirigido contra los recursos pecuniarios de que aquellos disponen para producir intrigas y provocar revoluciones; es decir: por la confiscación de las propiedades de aquellos políticos que se hayan puesto al frente de la resistencia organizada contra el movimiento popular que, iniciado en 1910, ha tenido su coronamiento en 1914, después de pasar por las horcas caudinas de Ciudad Juárez y por la crisis reaccionaria de La Ciudadela, trágicamente desenlazada por la dictadura huertista.

En apoyo de esta confiscación existe la circunstancia de que la mayor parte, por no decir la totalidad, de los predios que habrá que nacionalizar representan intereses improvisados a la sombra de la dictadura porfirista, con grave lesión de los derechos de una infinidad de indígenas, de pequeños propietarios, de víctimas de toda especie, sacrificadas brutalmente en aras de la ambición de los poderosos.

La segunda labor, o sea, la creación de poderosos intereses afines a la revolución y solidarios con ella, se llevará a felíz término si se restituye a los particulares y a las comunidades indígenas los terrenos de que han sido despojados por los latifundistas, y si este gran acto de justicia se completa, en obsequio de los que nada poseen ni han poseído, con el reparto proporcional de las tierras decomisadas a los cómplices de la dictadura o expropiadas a los propietarios perezosos que no quieren cultivar sus heredades. Así se dará satisfacción al hambre de tierras y al rabioso apetito de libertad que se dejan sentir de un confín a otro de la República, como respuesta formidable al salvajismo de los hacendados, quienes han mantenido en pleno siglo XX, y en el corazón de la libre América, un sistema de explotación que apenas soportarían los más infelices siervos de la edad europea.

El Plan de Ayala, que traduce y encarna los ideales del pueblo campesino da satisfacción a los dos términos del problema, pues a la vez que trata como se merecen a los jurados enemigos del pueblo, reduciéndolos a la impotencia y a la inocuidad por medio de la confiscación, establece en sus artículos 6° y 7° los dos grandes principios de la devolución de las tierras robadas (acto exigido, a la vez, por la justicia y la conveniencia).

Quitar al enemigo los medios de dañar, fue la sabia política de los reformadores del 57, cuando despojaron al clero de sus inmensos caudales, que sólo le servían para fraguar conspiraciones y mantener al país en perpetuo desorden con aquellos levantamientos militares que tan grande parecido tienen con el último cuartelazo, fruto, también, del acuerdo entre militares y reaccionarios.

Y en cuanto a la obra reconstructora de la revolución, o sea, la de crear un núcleo de intereses que sirvan de soporte a la nueva obra, esa fue la tarea de la revolución francesa, no igualada hasta hoy en fecundos resultados, puesto que ella repartió entre millares de humildes campesinos las vastas heredades de los nobles y de los clérigos, hasta conseguir que la multitud de los favorecidos se adhiriese con tal vigor a la obra revolucionaria que ni Napoleón, con todo y su genio, ni los Borbón, con su aristocrática intransigencia, lograron nunca desarraigarla del cuerpo y del alma de la nación francesa.

Es cierto que los ilusos creen que el país va a conformarse (como no se conformó en 1910) con una pantomima electoral de la que surjan hombres en apariencia nuevos, que vayan a ocupar los curules, los escaños de la Corte y el alto solio de la presidencia; pero, los que así juzgan parecen ignorar que el país ha cosechado, en las crisis de los últimos cuatro años, enseñanzas inolvidables, que no le permiten ya perder el camino, y un profundo conocimiento de las causas de su malestar y de los medios de combatirlas.

El país no se dará por satisfecho -podemos estar seguros- con las tímidas reformas candorosamente esbozadas por el licenciado Isidro Fabela, Ministro de Relaciones del gobierno carrancista, que no tiene de revolucionario más que el nombre, puesto que ni comprende ni siente los ideales de la revolución; no se conformará el país con tan sólo la abolición de las tiendas de raya si la explotación y el fraude han de subsistir bajo otras formas; no se satisfará con las libertades municipales, bien problemáticas, cuando falta la base de la independencia económica, y menos podrá halagarlo un mezquino programa de reformas a las leyes sobre impuesto a las tierras, cuando lo que urge es la solución radical del problema relativo al cultivo de éstas.

El país quiere algo más que todas las vaguedades del señor Fabela, patrocinadas por el silencio del señor Carranza, quiere romper de una vez con la época feudal; que es ya un anacronismo; quiere destruir de un tajo las relaciones de señor a siervo y de capataz a esclavo, que son las únicas que imperan en materia de cultivos, desde Tamaulipas hasta Chiapas y de Sonora a Yucatán.

El pueblo de los campos quiere vivir la vida de la civilización, trata de respirar el aire de la libertad económica, que hasta aquí ha desconocido y la que nunca podrá adquirir si deja en pie el tradicional señor de horca y cuchillo, disponiendo a su antojo de las personas de sus jornaleros, extorsionándolos con la norma de los salarios, aniquilándolos con tareas excesivas, embruteciéndolos con la miseria y el mal trato, empequeñeciendo y agotando su raza con la lenta agonía de la servidumbre, con el forzoso marchitamiento de los seres que tienen hambre, de los estómagos y de los cerebros que están vacíos.

Gobierno, militar primero y parlamentario después, reformas en la administración para que quede reorganizada, pureza ideal en el manejo de los fondos públicos; responsabilidades oficiales escrupulosamente exigidas; libertad de imprenta para los que no saben escribir; libertad de votar para los que no conocen a los candidatos; correcta administración de justicia para los que jamás ocuparon a un abogado. Todas estas bellezas democráticas, todas esas grandes palabras con que nuestros abuelos y nuestros padres se deleitaron, han perdido hoy su mágico atractivo y su significación para el pueblo. Este ha visto que con elecciones y sin elecciones, con sufragio efectivo y sin él, con dictadura porfiriana y con democracia maderista, con prensa amordazada y con libertinaje de la prensa, siempre y de todos modos él sigue rumiando sus amarguras, padeciendo sus miserias, devorando sus humillaciones inacabables, y por eso teme, con razón, que los libertadores de hoy vayan a ser iguales a los caudillos de ayer, que en Ciudad Juárez abdicaron de su hermoso radicalismo y en el Palacio Nacional echaron en olvido sus seductoras promesas.

Por eso, la revolución agraria, desconfiando de los caudillos que a sí mismos se disciernen el triunfo, ha adoptado como precaución y como garantía el principio justísimo de que sean todos los jefes revolucionarios del país los que elijan al Primer Magistrado, al presidente interino que debe convocar a elecciones, porque bien sabe que del interinato depende el porvenir de la revolución y, con ella, la suerte de la República.

¿Qué cosa más justa que la de que todos los intereses, los jefes de los grupos combatientes, los representantes revolucionarios del pueblo levantado en armas, concurran a la designación del funcionario en cuyas manos ha de quedar el tabernáculo de las promesas revolucionarias, en ara santa de los anhelos populares? ¿Por qué la imposición de un hombre a quien nadie ha elegido? ¿Por qué el temor de los que a sí mismos se llaman constitucionalistas para sujetarse al voto de la mayoría, para rendir tributo al principio democrático de la libre discusión del candidato por parte de los interesados?

El procedimiento, a más de desleal, es peligroso, porque el pueblo mexicano ha sacudido su indiferencia, ha recobrado su brío y no será él quien permita que a sus espaldas se fragüe la erección de su propio gobierno.

Todavía es tiempo de reflexionar y de evitar el conflicto. Si el jefe de los constitucionalistas se considera con la popularidad necesaria para resistir la prueba de la sujeción al voto de los revolucionarios, que se someta a ella sin vacilar.

Y si los constitucionalistas quieren en verdad al pueblo y conocen sus exigencias, que rindan homenaje a la voluntad soberana aceptando con sinceridad y sin reticencias los tres grandes principios que consigna el Plan de Ayala: expropiación de tierras por causa de utilidad pública, confiscación de bienes a los enemigos del pueblo y restitución de sus terrenos a los individuos y comunidades despojados.

Sin ellos -pueden estar seguros- continuarán las masas agitándose, seguirá la guerra en Morelos, en Guerrero, en Puebla, en Oaxaca, en México, en Tlaxcala, en Michoacán, en Hidalgo, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Durango, en Zacatecas, en Chihuahua, en todas partes en donde haya tierras repartidas o por repartir, y el gran movimiento del sur, apoyado por toda la población campesina de la República, proseguirá como hasta aquí venciendo oposiciones y combatiendo rsistencias, hasta arrancar, al fin, con las manos de sus combatientes los jirones de justicia, los pedazos de tierra que los falsos libertadores se hallan empeñados en negarle.

La revolución agraria, calumniada por la prensa, desconocida por la Europa, comprendida con bastante exactitud por la diplomacia americana y vista con poco interés por las naciones hermanas de sudamérica levanta en alto la bandera de sus ideales para que la vean los engañados, para que la contemplen los egoístas y los perversos que no quieren oir los lamentos del pueblo que sufre, los ayes de las madres que perdieron a sus hijos, los gritos de rabia de los luchadores que no quieren ver, que no verán, destruidos sus anhelos de libertad y su glorioso ensueño de redención para los suyos.

Reforma, Libertad, Justicia y Ley

Campamento revolucionario

Milpa Alta, agosto de 1914

El General en Jefe del Ejército Libertador, Emiliano Zapata.

DECRETO DE AMNISTIA A LAS TROPAS FEDERALES

El General Emiliano Zapata, Jefe supremo del Ejército libertador, a los habitantes de la República hace saber:

Considerando: que si bien el triunfo de la revolución está totalmente asegurado, falta vencer el último obstáculo, o sea, la resistencia que el enemigo opone, para que las fuerzas revolucionarias tomen posesión de la capital de la República, y con ello se dé cima a la obra militar, para en seguida acometer las altas labores de reforma social, que son la aspiración del movimiento armado.

Considerando: que el principal factor de resistencia en la ciudad de México no es la fuerza intrínseca del gobierno (que es nula), sino el instinto de conservación de los miembros del Ejército Federal y especialmente de sus jefes y oficiales, que se ven amenazados de muerte por la revolución; que de emplearse en conducir las cosas hasta el último extremo se tendría que llegar forzosamente al bombardeo de la capital, lo que ocasionaría las más serias complicaciones internacionales, fuera de los incalculables perjuicios que resentirían las personas y los intereses allí acumulados; que ante lo crítico de la situación es fuerza adoptar una medida de serena política que sin llegar a transacciones que comprometan la suerte futura de la revolución permitan evitar la realización de aquellas fatales emergencias.

Considerando: que aunque es cierto que en la conciencia pública está que son culpables todos los militares que han servido a la dictadura, también lo es que dicha responsabilidad reviste caracteres y grados bien diversos: desde aquel en que la falta se reduce a haber militado en las filas del gobierno ilegal hasta aquel otro en que los delitos cometidos constituyen verdaderos crímenes del orden común, o abominables atentados contra la civilización y la humanidad.

Considerando: que es de sana política poner fin a la lucha entre hermanos, con una formal invitación que se haga a los militares menos culpables para que, desde luego depongan las armas, y de ese modo, por un acto de cordura y una demostración de patriotismo, reparen la falta cometida y se hagan acreedores a la inviolabilidad de sus vidas.

Por estas consideraciones he tenido a bien decretar lo siguiente:

l. Se concede amnistía a los jefes y oficiales siempre y cuando no resulten responsables de delitos del orden común al ser juzgados por un tribunal especial que al efecto se constituya.

2. Se concede amnistía general a la clase de tropa.

3. Para el efecto de los artículos anteriores se presentarán ante el jefe revolucionario más inmediato, a quien le entregarán las armas correspondientes.

4. Los jefes, oficiales y soldados insurgentes deberán dar amplias garantías a los que se rindan, dando cuenta a la superioridad con los nombres de las personas que pretendan indultarse, a fin de que se les expida su pasaporte y puedan volver a sus hogares.

5. El presente decreto surtirá sus efectos desde luego y caducará el día dos de septiembre próximo, en el concepto de que después de esa fecha todo aquel que siga con las armas en la mano, combatiendo a la revolución, será considerado como traidor a la patria, y como tal, juzgado que sea, será sentenciado a la pena capital y sus bienes pasarán a poder de la nación.

Reforma, Libertad, Justicia y Ley.

Campamento en Milpa Alta, D.F.

Agosto 10 de 1914.

El General en Jefe,

Emiliano Zapata

Acta de ratificación del Plan de Ayala

por Emiliano Zapata

Los suscritos, jefes y oficiales del Ejército Libertador que lucha por el cumplimiento del Plan de Ayala, adicionado al de San Luis.

Considerando que en estos momentos en que el triunfo de la causa del pueblo es ya un hecho próximo e inevitable, precisa ratificar los principios que forman el alma de la revolución y proclamarlos una vez más ante la nación, para que todos los mexicanos conozcan los propósitos de nuestros hermanos levantados en armas.

Considerando que si bien esos propósitos están claramente consignados en el Plan de Ayala, estandarte y guía de la revolución, hace falta aplicar aquellos principios a la nueva situación creada por el derrocamiento del maderismo y la implantación de la dictadura huertista, toda vez que el Plan de Ayala, por razones de la época en que fue expedido, no pudo referirse sino al régimen creado por el General Díaz y a su inmediata continuación, el gobierno maderista, que sólo fue la parodia de la burda falsificación de aquél.

Considerando: que si los revolucionarios no estuvimos ni pudimos estar conformes con los procedimientos dictatoriales del maderismo y con las torpes tendencias de éste, que sin escrúpulo abrazó al partido de los poderosos y engañó cruelmente a la gran multitud de los campesinos, a cuyo esfuerzo debió el triunfo, tampoco hemos podido tolerar, y con mayor razón hemos rechazado, la imposición de un régimen exclusivamente militar basado en la traición y el asesinato, cuya única razón ha sido el furioso deseo de reacción que anima a las clases conservadoras, las cuales, no satisfechas con las tímidas concesiones y vergonzosas componendas del maderismo, derrocaron a éste con el propósito bien claro de substituirlo por un orden de cosas que ya sin compromiso alguno con el pueblo y sin el pudor que a todo gobierno revolucionario impone su propio origen, ahogarse para siempre las aspiraciones de los trabajadores y les hiciese perder toda esperanza de recobrar tierras y las libertades a que tienen indiscutible derecho.

Considerando: que ante la dolorosa experiencia del maderismo, que defraudó las mejores esperanzas, es oportuno, es urgente, hacer constar a la faz de la República que la revolución de 1910, sostenida con grandes sacrificios en las montañas del sur y en las vastas llanuras del norte, lucha por nobles y levantados principios, busca primero que nada, el mejoramiento económico de la gran mayoría de los mexicanos, y está muy lejos de combatir con el objeto de saciar vulgares ambiciones políticas o determinados apetitos de venganza.

Considerando: que la revolución debe proclamar altamente que sus propósitos son un favor, no de un pequeño grupo de políticos ansiosos de poder, sino en beneficio de la gran masa de los oprimidos y que por tanto, se opone y se opondrá siempre a la infame pretensión de reducirlo todo a un simple cambio en el personal de los gobernantes, del que ninguna ventaja sólida, ninguna mejoría positiva, ningún aumento de bienestar ha resultado ni resultará nunca a la inmensa multitud de los que sufren.

Considerando: que la única bandera honrada de la revolución ha sido y sigue siendo la del Plan de Ayala, complemento y aclaración indispensable del Plan de San Luis Potosí, pues sólo aquel Plan consigna principios, condensa con claridad los anhelos populares y traduce en fórmulas precisas las necesidades económicas y materiales del pueblo mexicano, para lo cual huye de toda vaguedad engañosa, de toda reticencia culpable y de esa clase de escarceos propios de los políticos profesionales, hábiles siempre para seducir a las muchedumbres con grandes palabras vacías de todo sentido y de tal modo elásticas, que jamás comprometen a nada y siempre permiten ser eludidas.

Considerando: que el Plan de Ayala no sólo es la expresión genuina de los más vivos deseos del pueblo mexicano, sino que ha sido aceptado, expresa o tácitamente, por la casi totalidad de los revolucionarios de la República, como lo comprueban las cartas y documentos que obran en el archivo del Cuartel General de la Revolución.

Considerando: que la reciente renuncia de Victoriano Huerta no puede modificar en manera alguna la actitud de los revolucionarios, toda vez que el presidente usurpador, en vez de entregar a la revolución los poderes públicos, sólo ha pretendido asegurar la continuación del régimen por él establecido al imponer en la presidencia, por un acto de su voluntad autócrata, al licenciado Francisco Carvajal, persona de reconocida filiación científica y que registra en su obscura vida política el hecho, por nadie olvidado, de haber sido uno de los principales instigadores de los funestos Tratados de Ciudad Juárez, lo que lo acredita como enemigo de la causa revolucionaria.

Considerando: que la revolución no puede reconocer otro presidente provisional que el que se nombre por los jefes revolucionarios de las diversas regiones del país en la forma establecida por el artículo 12° del Plan de Ayala, sin que pueda transigir en forma alguna con un presidente impuesto por el usurpador Victoriano Huerta ni con las espurias cámaras legislativas nombradas por éste.

Considerando: que por razón de la debilidad del gobierno y la completa desmoralización de sus partidarios, así como por el incontenible empuje de la revolución, el triunfo de ésta es únicamente cuestión de días, y precisamente por esto es hoy más necesario que nunca reafirmar las promesas y exigir las reivindicaciones, los suscritos cumplen con un deber de lealtad hacia la República al hacer las siguientes declaraciones, que se obligan a sostener con el esfuerzo de su brazo y, si es preciso, aún a costa de su sangre y de su vida.

Primera. La revolución ratifica todos y cada uno de los principios consignados en el Plan de Ayala, y declara solemnemente que no cesará en sus esfuerzos sino hasta conseguir que aquéllos, en la parte relativa a la cuestión agraria, queden elevados al rango de preceptos constitucionales.

Segunda. De conformidad con el artículo 3° del Plan de Ayala, y en vista de que el exGeneral Pascual Orozco, que allí se reconocía como Jefe de la Revolución, ha traicionado villanamente a ésta, se declara que asume en su lugar la jefatura de la revolución el C. General Emiliano Zapata, a quien el referido artículo 3° designa para ese alto cargo, en defecto del citado exGeneral Orozco.

Tercera. La revolución hace constar que no considerará concluída su obra sino hasta que, derrocada la administración actual y eliminados de todo participio en el poder los servidores del huertismo y las demás personalidades del antiguo régimen, se establezca un gobierno compuesto de hombre adictos al Plan de Ayala que lleven desde luego a la práctica las reformas agrarias, así como los demás principios y promesas incluídos en el referido Plan de Ayala, adicionado al de San Luis.

Los suscritos invitan cordialmente a todos aquellos compañeros revolucionarios que por encontrarse a gran distancia no se hayan aún expresamente adherido al Plan de Ayala, a que desde luego firmen su adhesión a él, para que la protesta de su eficaz cumplimiento sirva de garantía al pueblo luchador y a la nación entera que vigila y juzga nuestros actos.

Reforma, Libertad, Justicia y Ley

Campamento Revolucionario

San Pablo Oxtotepec, 19 de junio de 1914

ORDEN GENERAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE TROPAS

por Emiliano Zapata

El General Emiliano Zapata, Jefe de la revolución del sur y centro de la República, hace saber a las fuerzas de su mando y a los habitantes que radican en los pueblos y cuadrillas que corresponden a diversas zonas militares revolucionarias:
Primero. Queda estrictamente prohibido sacrificar ganado de la gente pobre o de los adictos a la causa que se defiende, y los contraventores de esta disposición incurrirán en grave delito haciéndose acreedores a una pena, salvo en los casos que se fijan a continuación.
Segundo. Para la alimentación de las tropas libertadoras se hará uso del ganado que corresponde a la revolución y que perteneció a los hacendados del Estado de Morelos y en general, a los enemigos de la causa que se defiende; pero sólo las fuerzas organizadas al mando de sus jefes respectivos, podrán sacrificar reses y de ninguna manera pueden hacer lo partidas de dos, tres, cinco u ocho revolucionarios dispersos que sin causa justificada se hallen fuera de sus jefes a quienes correspondan.
Tercero. Cuando una fuerza revolucionaria se halle en un punto donde no se encuentre ganado de la revolución, y que carezca de otros viveres, podrá disponer de reses pertenecientes a los adictos a la causa; pero siempre teniendo en cuenta que sean de personas que no se perjudiquen mucho, incurriendo en grave falta aquellos que no acaten esta disposición superior y quienes serán castigados irremisiblemente con severidad.
Cuarto. Los que no correspondan al ejército revolucionario y que por razón de la pobreza en que se encuentran, con motivo de las depredaciones que en sus intereses cometió el mal gobierno ilegal de Huerta, por medio de sus defensores traidores, y necesiten hacer uso del ganado, sacrificando reses para su subsistencia, podrán hacerlo, ya sea que pertenezcan a la revolución o a personas adictas a la causa; pero siempre que el ganado de los adictos a la revolución, cuando tenga que hacerse uso de éste, corresponda a personas que tengan más cantidad de reses y que no se perjudiquen mucho, para lo cual se dirigirán a la autoridad del lugar de que se trate o al jefe revolucionario más inmediato, a fin de que él nombre de entre los vecinos del lugar una comisión que se encargue de llevar a sacrificar las reses necesarias, y de repartir la carne entre la gente más necesitada del lugar; incurriendo en una grave falta aquellos que no obedezcan esta orden superior y quienes serán castigados con toda severidad.
Quinto. En todos los casos se cuidará de no sacrificar vacas paridas o bueyes, salvo cuando por no haber suficiente ganado, tenga que disponerse del que se encuentre; y serán castigados severamente los infractores de esta disposición.
Sexto. Queda estrictamente prohibido herrar ganado ya sea que pertenezca a la revolución, o bien que corresponda a otras personas y que resulte ser ganado ajeno; siendo castigados severamente aquellos que no respeten esta orden.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y dé el debido cumplimiento.
Dado en el Cuartel General del Estado de Morelos, a los veintiocho días del mes de octubre de 1913.

El General en Jefe del Ejército libertador del sur y centro

Manifiesto a la nación

por Emiliano Zapata

La victoria se acerca, la lucha toca a su fin. Se libran ya los últimos combates y en estos instantes solemnes, de pie y respetuosamente descubiertos ante la nación, aguardamos la hora decisiva, el momento preciso en que los pueblos se hunden o se salvan, según el uso que hacen de la soberanía conquistada, esa soberanía por tanto tiempo arrebatada a nuestro pueblo, y la que con el triunfo de la revolución volverá ilesa, tal como se ha conservado y la hemos defendido aquí, en las montañas que han sido su solio y nuestro baluarte. Volverá dignificada y fortalecida para nunca más ser mancillada por la impostura ni encadenada por la tiranía.
Tan hermosa conquista ha costado al pueblo mexicano un terrible sacrificio, y es un deber, un deber imperioso para todos, procurar que ese sacrificio no sea estéril, por nuestra parte, estamos bien dispuestos a no dejar ni un obstáculo enfrente, sea de la naturaleza que fuere y cualquiera que sean las circunstancias en que se presente, hasta haber levantado el porvenir nacional sobre una base sólida, hasta haber logrado que nuestro país, amplia la vía y limpio el horizonte, marche sereno hacia el mañana grandioso que le espera.
Perfectamente convencidos de que es justa la causa que defendemos, con plena consciencia de nuestros deberes y dispuestos a no abandonar ni un instante la obra grandiosa que hemos emprendido, llegaremos resueltos hasta el fin, aceptando ante la civilización y ante la historia, las responsabilidades de este acto de suprema reivindicación.
Nuestros enemigos, los eternos enemigos de las ideas regeneradoras, han empleado todos los recursos y acudido a todos los procedimientos para combatir a la revolución, tanto para vencerla en la lucha armada, como para desvirtuarla en su origen y desviarla de sus fines.
Sin embargo, los hechos hablan muy alto de la fuerza y el origen de este movimiento.
Más de treinta años de dictadura, parecían haber agotado las energías y dado fin al civismo de nuestra raza, y a pesar de ese largo periodo de esclavitud y enervamiento, estalló la revolución de 1910, como un clamor inmenso de justicia que vivirá siempre en el alma de las naciones como vive la libertad en el corazón de los pueblos para vivificarlos, para redimirlos, para levantarlos de la abyección a la que no puede estar condenada la especie humana.
Fuimos de los primeros en tomar parte de aquel movimiento, y el hecho de haber continuado en armas después de la expulsión de Porfirio Díaz y de la exaltación de Madero al poder, revela la pureza de nuestros principios y el perfecto conocimiento de causa con que combatimos y demuestra que no nos llevaban mezquinos intereses, ni ambiciones bastardas, ni siquiera los oropeles de la gloria, no; no buscábamos ni buscamos la pobre satisfacción del medro personal, ni anhelábamos la triste vanidad de los honores, ni queremos otra cosa que no sea el verdadero triunfo de la causa, consistente en la implantación de los principios, la realización de los ideales y la resolución de los problemas, cuyo resultado tiene que ser la salvación y el engrandecimiento de nuestro pueblo.
La fatal ruptura del Plan de San Luis Potosí motivó y justificó nuestra rebeldía contra aquel acto que invalidaba todos los compromisos y defraudaba todas las esperanzas; que nulificaba todos los esfuerzos y esterilizaba todos los sacrificios y truncaba, sin remedio, aquella obra de redención tan generosamente emprendida por los que dieron sin vacilar, como abono para la tierra, la sangre de sus venas. El Pacto de Ciudad Juárez devolvió el triunfo a los enemigos y la víctima a sus verdugos; el caudillo de 1910 fue el autor de aquella amarga traición, y fuimos contra él, porque, lo repetimos: ante la causa no existen para nosotros las personas y conocemos lo bastante la situación para dejarnos engañar por el falso triunfo de unos cuantos revolucionarios convertidos en gobernantes; lo mismo que combatimos a Francisco I. Madero, combatiremos a otros cuya administración no tenga por base los principios por los que hemos luchado.
Roto el Plan de San Luis, recogimos su bandera y proclamamos el Plan de Ayala.
La caída del gobierno pasado no podía significar para nosotros más que un motivo para redoblar nuestro esfuerzo, porque fue el acto más vergonzoso que pueda registrarse; ese acto de abominable perversidad, ese acto incalificable que ha hecho volver el rostro indignados y ecandalizados a los demás países que nos observan y a nosotros nos ha arrancado un estremecimiento de indignación tan profunda, que todos los medios y todas las fuerzas juntas no bastarían a contenerla, mientras no hayamos castigado el crimen, mientras no ajusticiemos a los culpables.
Todo esto por lo que respecta al origen de la revolución, por lo que toca a sus fines, ellos son tan claros y precisos, tan justos y nobles, que constituyen por sí solos una fuerza suprema, la única con que contamos para ser invencibles, la única que hace inexpugnables estas montañas en que las libertades tienen su reducto.
La causa por la que luchamos, los principios e ideales que defendemos, son ya bien conocidos de nuestros compatriotas, puesto que en su mayoría se han agrupado en torno de esta bandera de redención de este lábaro santo del derecho, bautizado con el sencillo nombre de Plan de Villa de Ayala. Ahí están contenidas las más justas aspiraciones del pueblo, planteadas las más imperiosas necesidades sociales, y propuestas las más importantes reformas económicas y políticas, sin cuya implantación, el país rodaría inevitablemente al abismo, hundiéndose en el caos de la ignorancia, de la miseria y de la esclavitud.
Es terrible la oposición que se ha hecho al Plan de Ayala, pretendiendo, más que combatirlo con razonamientos, desprestigiarlo con insultos, y para ello, la prensa mercenaria, la que vende su decoro y alquila sus columnas, ha dejado caer sobre nosotros una asquerosa tempestad de cieno, de aquel en que se alimenta su impudicia y arrastra su abyección. Y sin embargo, la revolución, incontenible, se encamina hacia la victoria.
El gobierno, desde Porfirio Díaz a Victoriano Huerta, no ha hecho más que sostener y proclamar la guerra de los ahítos y los privilegiados contra los oprimidos y los miserables, no ha hecho más que violar la soberanía popular, haciendo del poder una prebenda; desconociendo las leyes de la evolución, intentando detener a las sociedades y violando los principios más rudimentarios de la equidad arrebatando al hombre los más sagrados derechos que le dió la naturaleza. He allí explicada nuestra actitud, he allí explicado el enigma de nuestra indomable rebeldía y he allí propuesto, una vez más, el colosal problema que preocupa actualmente no sólo a nuestros conciudadanos, sino también a muchos extranjeros. Para resolver este problema, no hay más que acatar la voluntad nacional, dejar libre la marcha a las sociedades y respetar los intereses ajenos y los atributos humanos.
Por otra parte, y concretando lo más posible, debemos hacer otras aclaraciones para dejar explicada nuestra conducta del pasado, del presente y del porvenir.
La nación mexicana es demasiado rica. Su riqueza, aunque virgen, es decir todavía no explotada, consiste en la agricultura y la minería; pero esa riqueza, ese caudal de oro inagotable, perteneciendo a más de quince millones de habitantes, se halla en manos de unos cuantos miles de capitalistas y de ellos una gran parte no son mexicanos. Por un refinado y desastroso egoísmo, el hacendado, el terrateniente y el minero, explotan esa pequeña parte de la tierra, del monte y de la vera, aprovechándose ellos de sus cuantiosos productos y conservando la mayor parte de sus propiedades enteramente vírgenes, mientras un cuadro de indescriptible miseria tiene lugar en toda la República. Es más, el burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que a nadie participa, en su insaciable avaricia, roba el producto de su trabajo al obrero y al peón, despoja al indio de su pequeña propiedad y no satisfecho aún, lo insulta y golpea haciendo alarde del apoyo que le prestan los tribunales, porque el juez, única esperanza del débil, hállase también al servicio de la canalla; y ese desequilibrio económico, ese desquiciamiento social, esa violación flagrante de las leyes naturales y de las atribuciones humanas, es sostenida y proclamada por el gobierno, que a su vez sostiene y proclama pasando por sobre su propia dignidad, la soldadesca execrable.
El capitalista, el soldado y el gobernante habían vivido tranquilos, sin ser molestados, ni en sus privilegios ni en sus propiedades, a costa del sacrificio de un pueblo esclavo y analfabeta, sin patrimonio y sin porvenir, que estaba condenado a trabajar sin descanso y a morirse de hambre y agotamiento, puesto que, gastando todas sus energías en producir tesoros incalculables, no le era dado contar ni con lo indispensable siquiera para satisfacer sus necesidades más perentorias. Semejante organización económica, tal sistema administrativo que venía a ser un asesinato en masa para el pueblo, un suicidio colectivo para la nación y un insulto, una vergüenza para los hombres honrados y conscientes, no pudieron prolongarse por más tiempo y surgió la revolución, engendrada, como todo movimiento de las colectividades, por la necesidad. Aquí tuvo su origen el Plan de Ayala.
Antes de ocupar don Francisco I. Madero la presidencia de la República, mejor dicho, a raíz de los Tratados de Ciudad Juárez se creyó en una posible rehabilitación del débil ante el fuerte, se esperó la resolución de los problemas pendientes y la abolición del privilegio y del monopolio, sin tener en cuenta que aquel hombre iba a cimentar su gobierno en el mismo sistema vicioso y con los mismos elementos corruptos con que el caudillo de Tuxtepec, durante más de seis lustros, extorcionó a la nación. Aquello era un absurdo, una aberración, y sin embargo, se esperó porque se confiaba en la buena fe del que había vencido al dictador. El desastre, la decepción no se hicieron esperar. Los luchadores se convencieron entonces de que no era posible salvar su obra ni asegurar su conquista dentro de esa organización morbosa y apolillada, que necesariamente había de tener una crisis antes de derrumbarse definitivamente: la caída de Francisco I. Madero y la exaltación de Victoriano Huerta al poder.
En este caso y conviniendo en que no es posible gobernar al país con ese sistema administrativo sin desarrollar una política enteramente contraria a los intereses de las mayorías, y siendo, además, imposible la implantación de los principios por que luchamos, es ocioso decir que la Revolución del Sur y Centro, al mejorar las condiciones económicas, tiene, necesariamente, que reformar de antemano las instituciones, sin lo cual, fuerza es repetirlo, le será imposible llevar a cabo sus promesas.
Allí está la razón de por qué no reconoceremos a ningún gobierno que no nos reconozca y, sobre todo, que no garantice el triunfo de nuestra causa.
Puede haber elecciones cuantas veces se quiera; pueden asaltar, como Huerta, otros hombres la silla presidencial, valiéndose de la fuerza armada o de la farsa electoral, y el pueblo mexicano puede también tener la seguridad de que no arriaremos nuestra bandera ni cejaremos un instante en la lucha, hasta que, victoriosos, podamos garantizar con nuestra propia cabeza el advenimiento de una era de paz que tenga por base la justicia y como consecuencia la libertad económica.
Si como lo han proyectado esas fieras humanas vestidas de oropeles y listones, esa turba desenfrenada que lleva tintas en sangre las manos y la consciencia, realizan con mengua de la ley la repugnante mascarada que llaman elecciones, vaya desde ahora, no sólo ante el nuestro sino ante los pueblos todos de la Tierra, la más enérgica de nuestras protestas, en tanto podamos castigar la burla sangrienta que se haga a la Constitución del 57.
Téngase, pues, presente que no buscaremos el derrocamiento del actual gobierno para asaltar los puestos públicos y saquear los tesoros nacionales, como ha venido sucediendo con los impostores que logran encumbrar a las primeras magistraturas, sépase de una vez por todas, que no luchamos contra Huerta únicamente, sino contra todos los gobernantes y los conservadores enemigos de la hueste reformista, y sobre todo, recuérdese siempre que no buscamos honores, que no anhelamos recompensas, que vamos sencillamente a cumplir el compromiso solemne que hemos contraido dando pan a los desheredados y una patria libre, tranquila y civilizada a las generaciones del porvenir.
Mexicanos: si esta situación anómala se prolonga; si la paz, siendo una aspiración nacional, tarda en volver a nuestro suelo y a nuestros hogares, nuestra será la culpa y no de nadie. Unámonos en un esfuerzo titánico y definitivo contra el enemigo de todos, juntemos nuestros elementos, nuestras energías y nuestras voluntades y opongámonos cual una barricada formidable a nuestros verdugos; contestemos dignamente, enérgicamente ese latigazo insultante que Huerta ha lanzado sobre nuestras cabezas; rechacemos esa carcajada burlesca y despectiva que el poderoso arroja, desde los suntuosos recintos donde pasea su encono y su soberbia, sobre nosotros, los desheredados que morimos de hambre en el arroyo.
No es preciso que todos luchemos en los campos de batalla, no es necesario que todos aportemos un contingente de sangre a la contienda, no es fuerza que todos hagamos sacrificios iguales en la revolución; lo indispensable es que todos nos irgamos resueltos a defender el interés común y a rescatar la parte de soberbia que se nos arrebata.
Llamad a vuestras conciencias; meditad un momento sin odio, sin pasiones, sin prejuicios, y esta verdad, luminosa como el sol, surgirá inevitablemente ante vosotros: la revolución es lo único que puede salvar a la República.
Ayudad, pues, a la revolución. Traed vuestro contingente, grande o pequeño, no importa cómo; pero traedlo. Cumplid con vuestro deber y seréis dignos; defended vuestro derecho y seréis fuertes, y sacrificaos si fuere necesario, que después la patria se alzará satisfecha sobre un pedestal inconmovible y dejará caer sobre vuestra tumba un puñado de rosas.

Reforma, Libertad, Justicia y Ley

Campamento revolucionario

Morelos, 20 de octubre de 1912

El General en Jefe del Ejército Libertador del Sur y Centro

ORDEN GENERAL AL EJERCITO LIBERTADOR

por Emiliano Zapata

El General Emiliano Zapata, Jefe de la revolución del sur y centro de la República, hace saber a las fuerzas de su mando:

Primero. Todos los jefes que tengan bajo su mando fuerza armada, procurarán darle la mejor organización posible, a fin de que tengan buenos resultados en las operaciones militares y movilicen su tropa con más exactitud y rapidez. Por cuatro soldados nombrarán un cabo, por cada dos cabos nombrarán un sargento, quedando al arbitrio del Jefe Superior designar el número de sargentos a cada capitán y demás jefes de subordinación, para mantener el buen orden y la disciplina.

Segundo. Todos los soldados prestarán la debida subordinación y respeto a los jefes superiores que les sean designados; asimismo, tendrán iguales atenciones para los demás jefes y superiores de las diversas compañías que forman el ejército libertador. Todo soldado o soldados, bajo ningún pretexto desobedecerán las órdenes aún cuando no militen bajo su mando. Cualquier falta de obediencia o de respeto a un jefe será debidamente castigada.

Tercero. Todos los soldados en general tienen la obligación, tanto en los combates como en las marchas que se originen, de permanecer al lado de los jefes a que están subordinados, pues de ninguna manera deben mezclarse con otra gente o compañia, porque serán causantes de desórdenes y confusión, siendo responsables de este acto.

Cuarto. Todo soldado que se aparte de sus jefes, sin motivo legal; que los abandone en el campo de batalla, que al ejecutar marcha vuelva atrás, sin causa justificada, con el fin de no concurrir al ataque donde se dirijan las fuerzas, será considerado como desertor y como tal irremisiblemente desarmado.

Quinto. Todo soldado o soldados que abandonen la compañia a que correspondan para ir al desempeño de una comisión o mandato de cualquier naturaleza que sea, debe constar por escrito; pues de otra manera quedarán sujetos a las penas que se aplican a los desertores.

Sexto. Toda clase de tropa, compañias, guerrillas o cuerpos de gente armada, que se han puesto bajo la sombra de la bandera revolucionaria, deben otorgar completas garantías a las personas y propiedades; pues bajo ningún pretexto ni causa personal, deben cometerse atentados contra las vidas y propiedades. La revolución no tolerará, sino que, por el contrario, castigará a los culpables de la manera más severa, para dejar satisfecha a la justicia y a la sociedad.

Séptimo. Solamente a los enemigos de la revolución que se compruebe que ayudan o están en connivencia con el mal gobierno ilegal, directa o indirectamente, para hostilizar nuestra obra revolucionaria, se le suspenderán las garantías constitucionales. Igual pena tendrán todos aquellos que, en calidad de voluntarios, tomen las armas en favor del mal gobierno ilegal de Huerta.

Octavo. Todos los voluntarios que se han puesto al servicio del mal gobierno ilegal de Huerta, por el solo hecho de que al avistarse las fuerzas revolucionarias se pongan al lado de ellas, tendrán derecho a la protección y garantías de que se trata.

Noveno. Cuando se ponga sitio a una población o se efectúe el ataque a una ciudad, o cualquier poblado de la importancia que fuere, queda absolutamente prohibido que la gente se dedique al saqueo, al robo o a otra clase de depredaciones; quedando bajo la más estrecha responsabilidad de los jefes de operaciones vigilar y evitar a todo trance los desmanes de referencia, castigando enérgicamente a los infractores y reprimiendo esos actos contrarios a nuestro credo y a la causa que defendemos. Los habitantes de las poblaciones que sin pertenecer al Ejército libertador, se entreguen al pillaje o cometan depredaciones, aprovechándose del fragor del combate o ataque que se haga a los defensores del mal gobierno, serán igualmente castigados por los jefes revolucionarios que tengan fuerzas a su mando en el lugar de los acontecimientos.

Décimo. Los soldados de la revolución, lo mismo que la gente pacífica que salgan de dentro de la población estando en vigor el ataque, con mercancía u otros objetos, serán aprehendidos inmediatamente pará ser juzgados, y comprobados los delitos sertin castigados con severidad.

Décimoprimero. Cuando una plaza, ciudad o población sea tomada por las fuerzas revolucionarias, el Cuartel General, de acuerdo con los demás jefes y adictos a la causa de cada población o lugar de que se trate, ocupado por las fuerzas libertadoras, nombrará de entre los revolucionarios una comisión que se encargue de recolectar entre los principales comerciantes y capitalistas de la localidad, la contribución de guerra que en efectivo o mercancías de antemano impusiere el Cuartel General, y la misma comisión se encargará de distribuir entre los jefes, oficiales y soldados, bien sea en dinero o en mercancías, lo que cada quien necesite, de una manera equitativa, satisfaciendo hasta donde sea posible las necesidades de cada cual, según las circunstancias lo demanden.

Décimosegundo. De los saqueos y depredaciones que se cometan en las poblaciones al ser atacadas, cada jefe revolucionario responderá de la zona en que ha operado y todo soldado o jefe subalterno tiene el deber de denunciar en el acto a todo culpable o culpables de depredaciones, a fin de evitar la mancha que se arroja sobre la revolución y sus principios.

Décimotercero. Hago presente a los jefes revolucionarios que están bajo mi mando, que redoblen sus esfuerzos a fin de que a todo trance, cuiden de que no se emborrachen en calles y plazas públicas los revolucionarios que estén bajo sus órdenes, con el noble propósito de infundir en las fuerzas el mayor orden y disciplina posibles; que comprendan que la constante práctica de orden y de justicia nos hará fuertes; que nuestra bandera es de salvación en favor de los pueblos, no de exterminio, que la revolución y la patria estimarán a sus buenos hijos que hagan de nuestro credo la sentencia de la equidad y la justicia, de nuestros esfuerzos la tumba de los tiranos y del triunfo de nuestros ideales la prosperidad y bienestar de la República.

Dado en el Cuartel General en Tlacozoltitlán, Estado de Guerrero, a los cuatro días del mes de octubre de mil novecientos trece.

El General en jefe del Ejército libertador del sur y centro